PARTAMOS de la base de que la banca tiene muchos pecados que expiar. Continuemos con la premisa de que lo que se espera de los políticos es que humanicen el sector bancario, pero que eso no significa llenar sus consejos de administración de ex altos cargos y militantes que por su falta de profesionalidad acaban hundiendo las entidades. Por último, admitamos la torpeza con la que se negoció el rescate bancario, un gran alivio para los bancos españoles y los alemanes, sus principales acreedores, pero con el que Rajoy quemó su única carta ganadora ante Merkel y que no parece haber servido demasiado para hacer fluir el crédito. Y luego están los desahucios. Si todos, como Estado, hemos avalado ese macropréstamo de hasta 100.000 millones de euros, ¿cómo es posible que no se exigieran contraprestaciones serias a la banca? Parecían lógicas y justas la supresión de las abusivas cláusulas suelo que asfixian a millones de familias, la obligatoriedad de la dación en pago y una moratoria sobre los desahucios, con 7.258 dramas sólo en 2012 en Andalucía.

Con todos esos argumentos a su favor, Izquierda Unida se ha sacado de la manga en la Junta un decreto tan demagógico como peligroso, que se resume en la intención de desahuciar temporalmente a los desahuciadores y en multar a bancos e inmobiliarias por tener viviendas vacías. Hay quien sostiene que mejor hacer algo, lo que sea, que quedarse de brazos cruzados. Pero da la sensación de que el decreto ley se ha redactado con la aspiración de que sea impugnado y, por tanto, paralizado. Las medidas, mala cosa en una democracia, no se han negociado con el sector ni debatido en el Parlamento. Y si bien es cierto que la Constitución recoge el derecho a la vivienda, también el de la propiedad privada. Puede que los tribunales soviéticos no lo fueran, pero los españoles suelen ser bastante quisquillosos al respecto. Sin ir más lejos, el TSJA acaba de dar un varapalo tremendo a la ciudad de Málaga al condenarla a pagar 34 millones de euros por la expropiación de una zona verde que un promotor compró por 3 a sabiendas de que era zona verde y de que tenía que ser expropiada. Y si pelotazos como ese son amparados por los jueces, imaginen qué pueden conseguir los abogados que contratarán bancos y promotores contra el decreto. No creo que la consejera Elena Cortés y el resto de miembros del Consejo de Gobierno estén dispuestos a avalarlo con su patrimonio. Pero sí con el de todos los andaluces, que acabaremos pagando la penúltima cortina de humo de la Junta, que sigue sin dedicarse a dejar de ser la gran morosa de la comunidad y, por tanto, gran responsable de muchos desahucios.