PARECÍA que el Gobierno andaluz se encontraba atrapado en la madeja infinita de los ERE, de la que le era imposible salir y que la política regional no era otra cosa que variaciones sobre el mismo tema, a golpe de noticias, filtraciones y adivinanzas sobre actuaciones judiciales. Y en este desolador panorama surge el destello, la gratificante noticia de un decreto valiente, arriesgado, ambicioso que trata de dar respuesta real a un problema lacerante que padecen muchos ciudadanos y que conmueve a la mayoría. El Gobierno bipartito, como gusta decir a la bancada popular, o el gobierno social-comunista como lo llaman ilustrados representantes de la caverna mediática, al fin hizo gala de su amenazante rojez y planta cara a los desahucios con una norma que se atreve a enfrentarse al poderoso poder financiero y desentierra el arma de la expropiación como fórmula para defender a los desamparados.

Aun antes de haberse publicado el texto, e incluso sin haberse leído completas las referencias de prensa, hemos asistido a descalificaciones globales que van desde la comparación bolivariana, tan en boga hoy en día, al frentepopulismo revanchista que amenaza a los desarmados propietarios andaluces. Pero qué quieren que les diga; a mí este decreto me ha parecido un acto político valiente, oportuno y esperanzador en un mundo en el que la política parecía haberse convertido en la resignada marioneta de unos poderes fácticos insensibles. Es cierto que la expropiación de las viviendas por tres años es una medida llamativa pero, si se admite sin discusión que para hacer una carretera se puede expropiar un terreno privado, ¿por qué no se puede expropiar temporalmente un piso para evitar un desahucio?

Sin duda este decreto ofrecerá interpretaciones jurídicas distintas y previsiblemente tendrá que pasar por procedimientos judiciales, pero no sería justo reducir esta medida a una exclusiva discusión doctrinal sobre el alcance y las limitaciones al derecho de propiedad. El derecho es un arma cargada de ideología, es fácil prever que la inevitable discusión jurídica servirá de camuflaje perfecto para evitar una posición política sobre una medida que refleja una manera distinta de enfrentarse a los problemas que ha provocado esta crisis. No hace falta ser adivino para aventurar quién estará detrás de la interpretación defensora del derecho a la propiedad sin limitaciones y quien defenderá la función social de la propiedad. Y no será por pura técnica jurídica, se lo aseguro. Así pues, hablemos de política y no sólo de derecho.