EN el mismo momento en que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, admitió que no disponía del permiso reglamentario para cazar en las dos monterías en las que coincidió con el juez Baltasar Garzón, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debió destituirle fulminantemente.

Hasta ahí, hasta el reconocimiento expreso de esa ilegalidad, el mea culpa del ministro sobre la inoportunidad y el error de la coincidencia con el magistrado de la Audiencia Nacional en plena estallido de los casos de corrupción que afectan al PP en Madrid y Valencia, salpicados por la trama montada por el empresario afín Francisco Correa, y la insistencia de la dirección popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, de convertir la cacería en una prueba irrefutable de un acto de pura connivencia entre el Gobierno, el Poder Judicial y la Policía dentro de un proceso abierto contra el PP, obligaban a Rodríguez Zapatero a mantenerlo en su puesto. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la resaca de la polémica cinegética coincidió con la huelga protagonizada por los jueces contra no ya sólo el Ministerio de Justicia y su titular sino contra el propio Gobierno.

Finalmente, cuando el dedo de la cacería tapaba la Luna de la corrupción del PP y dañaba electoralmente al PSOE, Rodríguez Zapatero optó por forzar la dimisión de Bermejo. En su comparecencia del pasado viernes, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le dio la puntilla con la frialdad que le caracteriza desautorizando la pretensión del ministro de reformar la ley para impedir que los jueces pudieran hacer huelga.

Pero antes, no pocos dirigentes socialistas se desmarcaron de Bermejo. Algunos de ellos no tuvieron reparos en argumentar cuestiones estéticas algo pueriles -a los militantes socialistas no les gusta la caza mayor- para dejarlo a los pies de los caballos.

En cualquier caso, la estrategia del PP de agarrarse a un clavo ardiendo, de levantar una cortina de humo para evitar una sangría electoral con los casos de corrupción, ha sido hasta el momento un éxito.

Pero la dimisión de Bermejo, que mantendrá su acta de diputado por Murcia en Congreso de los Diputados, pone punto y final a esta estrategia de emergencia. Con el dedo amputado de la cacería, la opinión pública ve nítidamente la Luna de las corruptelas del PP. A pesar de que el portavoz de Justicia de los populares, Federico Trillo, parece dispuesto a dejarse llevar por el viento de levante que inmortalizara al alba en el islote de Perejil y a prologar la cacería intentando abatir a Garzón, el lenguaje de responsabilidad democrática empleado ayer mismo por Rajoy hace pensar que el PP es consciente de que ahora va a tener que disparar también contra los suyos por pura higiene democrática.