hoja de ruta

Ignacio Martínez

Estado de derecho a la carta

UNA encuesta reciente en España da muy mala nota a los banqueros. Normal. Con todas las culpas que se busquen en otros sitios, se les ve como el origen inequívoco de la crisis. Tampoco el aprecio por el Gobierno es mucho mejor. Lógico. Los tumbos que ha dado Zapatero en la gestión de este tsunami económico, no dan para mucho más. Pero el mismo estudio de opinión da una buena calificación a los empresarios y mala a los sindicatos. Esto da para pensar un poco más. Cada uno que saque sus conclusiones.

A los gestores de la banca, hay noticias que les suponen un desprestigio añadido. El banquero español por excelencia y su familia han sido pillados por la inspección fiscal. Los Botín tenían un dinerillo distraído durante décadas en Suiza, evitando pagar a Hacienda. Dicen los afectados que ya han regularizado los pagos de los últimos cinco años; añadamos que los anteriores ya habían prescrito. Regularizar significa pagar una multa de 200 millones de euros, más de 33.000 millones de pesetas al cambio. Un juzgado ha abierto diligencias para establecer si ha habido delito penal. La cantidad oculta se desconoce, pero la cifra puede superar los mil millones de euros. Por redondear, podrían ser 200.000 millones de pesetas.

Botín es uno de los banqueros más importantes del mundo y debería ser un líder social en este país. Pero este asunto le resta toda credibilidad. Cuando en la junta general de accionistas de la semana pasada dijo que para salir de la crisis hacen falta reformas, trabajo y confianza, su grado de autoridad estaba bajo mínimos. Llueve sobre mojado. Alfredo Sáenz, el consejero delegado del Santander, fue condenado en marzo por el Supremo a tres meses de prisión e inhabilitación por una denuncia falsa contra unos empresarios catalanes, que llevó a la cárcel unos días a alguno de ellos. ¿Ha cumplido Botín la sentencia? No. Ha recurrido al Constitucional, ha pedido un indulto al Gobierno y ha ganado tiempo. Como si la confianza que predica sólo la tengan que practicar los demás. Es el Estado de derecho a la carta.

Entretanto, en otra encuesta reciente, una mayoría de daneses ha manifestado que no quiere pagar menos impuestos. Como lo leen. Votan mayoritariamente a la derecha liberal conservadora, pero no quieren que se rebajen los impuestos. Los que menos pagan, estudiantes y sueldos más bajos, casi llegan al 40% de IRPF. Los que más ingresan contribuyen con más del 60%. Una encuesta del Instituto Gallup de la semana pasada indica que un 64% de los daneses considera justo su sistema fiscal y el retorno en servicios públicos que recibe a cambio. Sólo un 23% están a favor de una rebaja fiscal. Esto sí que genera confianza, que todos paguen, sobre todo los que más tienen. No sólo los que están pillados por una nómina.

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