EL Parlamento andaluz aprobó la semana pasada la Ley del Derecho a la Vivienda, una iniciativa de hondo calado político, ya que trata de dar respuesta desde los poderes públicos a un derecho consagrado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que anhelan disfrutar muchas familias andaluzas, en particular los jóvenes. La nueva ley obliga a los ayuntamientos a poner en marcha registros de demandantes de viviendas y planes municipales sobre el suelo que den respuesta a las respectivas demandas de viviendas en venta o en régimen de alquiler a precios asequibles. Precisamente en estos deberes que se incorporan a la actividad de los ayuntamientos, en la necesidad de ayudas públicas para que los aspirantes no tengan que endeudarse por encima de sus posibilidades y en la financiación de las entidades de crédito a los promotores y a los adquirentes es donde radica el talón de Aquiles que puede dar al traste con el proyecto más audaz de la Consejería de Vivienda. Mucho nos tememos que en las actuales circunstancias no será posible cubrir con garantías, salvo en casos puntuales, las necesidades de financiación de una iniciativa tan ambiciosa. Las inercias de la política llevan en ocasiones a legislar con la mira puesta en el objetivo final, sobre todo si éste es socialmente tan atractivo, sin conceder la importancia que tienen a los instrumentos precisos para conseguir el fin deseado. Tan constitucional como el derecho a la vivienda es el derecho al trabajo, y sería insólito que el legislador, nacional o autonómico, se atreviera en este tiempo de crisis a garantizarlo a todos los parados, concediéndoles incluso la posibilidad de reclamarlo ante los tribunales. Se trata de derechos sociales declarativos, que reflejan más una orientación a la que hay que encaminar el poder público que una facultad concreta a exigir por los ciudadanos. En este sentido, la Ley del Derecho a la Vivienda marca un hito en la construcción de una autonomía más social y desarrollada, pero pretender que se convierta en práctica real e inmediata en la sociedad andaluza puede ser causa de frustración. Ahora mismo es difícil pensar que esta norma vaya a ser operativa a corto plazo.