EL caso Mercasevilla es un caso político porque implica a políticos, pero es también mucho más. Lo que ha desvelado hasta ahora la instrucción judicial es que en la empresa pública -está participada por el Ayuntamiento de Sevilla y la Administración central- había comportamientos más o menos habituales que rozaban o entraban de lleno en lo delictivo: petición de comisiones ilegales para conseguir contratos y concursos de adjudicación cuando menos altamente sospechosos. La salud democrática exige que se conozcan los hechos y que se depuren todas las responsabilidades a que haya lugar. Otra cosa sería un fraude a la ciudadanía que pondría la calidad de nuestro sistema político al nivel de las repúblicas bananeras. Por eso es tan peligrosa la deriva que está tomando este caso. Tanto por parte de los que desde la derecha intentan azuzar a la instructora para cobrarse una pieza de caza mayor (el alcalde o alguien muy próximo a él), como por parte de los que desde la izquierda empiezan a insinuar abiertamente que la magistrada tiene intereses particulares que la llevarían a empujar la instrucción al terreno que busca el PP. A veces da la impresión de que se está buscando a la desesperada un motivo para recusar a la juez y evitar o retrasar lo que cada vez se configura con mayor fuerza como un caso del que los socialistas pueden salir muy perjudicados en vísperas electorales. A esta situación tan enrarecida sumen la falta de asunción de responsabilidades políticas por parte de la Junta de Andalucía, que tiene a su delegado de Empleo en Sevilla imputado en la causa por un delito de cohecho. Nada más y nada menos. El argumento de aún no hay acusación de la Fiscalía hay que relativizarlo si tenemos en cuenta la actuación que en este tipo de cuestiones se dicta desde la Fiscalía General del Estado. En Mercasevilla han pasado cosas que hay que aclarar. Hay caso, en definitiva. Y como hay caso , lo importante es que se deje actuar a la Justicia y que se la deje de presionar desde posiciones políticas. Mercasevilla es un problema para el Ayuntamiento y para la Junta. Pero no se puede convertir en una causa general ni esperar de ello réditos políticos. Hacer política desde los tribunales es el peor ataque que se puede cometer contra la Justicia.