PROBABLEMENTE el PP se ha quedado corto a la hora de dar forma de ley a las medidas encaminadas a frenar los desahucios. Y probablemente la oposición toda se ha pasado de larga al rechazar la nueva normativa, en unos casos por convicción acreditada, en otros por oportunismo populista y en otros por la comodidad de saberse a salvo de la ira callejera gracias a la mayoría absoluta de los populares.

El caso es que la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios -que así se llama- es la primera actuación seria acometida por el poder político para aliviar el drama de los desalojos de viviendas. Gustará más o gustará menos, pero nunca el Congreso y el Gobierno han afrontado el problema de los desahucios con un plan articulado de medidas de distinto calibre. Recuérdese que hace sólo un par de meses el PP estaba dispuesto a vetar incluso la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular presentada, con amplio respaldo, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La presión ciudadana obró, sin duda, el milagro.

La ley es selectiva con respecto a sus beneficiarios. Solamente ayudará a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad: familias numerosas o monoparentales con dos hijos, familias con menores de tres años, discapacitados o enfermos graves, desempleados y víctimas de la violencia de género, aparte de las que tengan ingresos inferiores a 19.164 euros anuales. Los bancos estarán obligados a renegociar la deuda de estas personas, que durante dos años no podrán ser desalojadas. Para poner en marcha el procedimiento de ejecución hará falta acumular tres meses de impagos y los intereses de demora nunca superarán el triple del interés oficial del dinero. Los jueces podrán paralizar el proceso de lanzamiento si detectan cláusulas abusivas en la hipoteca correspondiente (lo que no será difícil en muchos casos). También se refuerza la independencia de las tasadoras en relación con las entidades financieras.

Estaba escrito que esta nueva legislación no iba a satisfacer las exigencias de la Plataforma de Ada Colau, que reivindica la dación en pago universal y la paralización automática de todos los desalojos de viviendas, independientemente de los ingresos de los hipotecados. Ya es conocido el pensamiento de esta señora: o se aprueba lo que ella demandaba o lo aprobado será una mierda. Y el Congreso, una institución ilegítima frente al sentir de los ciudadanos que, por supuesto, encarna ella.