Editorial

Un descalabro para las cuentas de Andalucía

DE forma repentina e inesperada, el Ministerio de Hacienda le ha dado a la Junta de Andalucía un plazo de 15 días para que elabore un plan que acometa un recorte de 600 millones en sus presupuestos de 2016. La razón es que, según el Gobierno central, este es el dinero que la Administración autonómica gastó de más durante el pasado ejercicio de 2015. Es decir, el ministro Cristóbal Montoro le está pasando a la Junta la factura de su incumplimiento del déficit tras haber recibido España la reprimenda de Bruselas al comprobar el excesivo gasto público en el que ha vuelto a incurrir nuestro país. La medida no sólo afecta a Andalucía. En total, Hacienda ha mandado cartas a otras 11 autonomías para que acometan recortes que, en algunos casos, son mayores que los exigidos a la Junta. Si las regiones no cumplen, comenzarán las medidas en forma de embargo de las transferencias estatales, multas monetarias y ejecuciones forzosas.

No hay que ser un experto en hacienda pública como para suponer que exigir un recorte de 600 millones en un presupuesto ya aprobado de poco más de 31.000 millones es un auténtico contratiempo para la gobernanza de Andalucía. Lo primero que se le puede criticar al Gobierno central es la extemporaneidad. La medida se toma sin apenas diálogo, por el método del ordeno y mando y con un plazo perentorio. Como la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, comentaba ayer, este recorte puede suponer un descalabro en unas cuentas pensadas para la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios y la bajada del tramo autonómico del IRPF. Ambas medidas -la segunda piedra angular del pacto del PSOE con C's para la aprobación del Presupuesto- van a ser mucho más difíciles de llevar a cabo con el recorte anunciado.

Lo segundo que se le puede discutir al Gobierno central es la cantidad misma, los 600 millones de la discordia. Es cierto que Andalucía ha incumplido el objetivo de déficit de 2015, del 0,7% previsto al 1,13% final, pero también lo es que en esta cifra se han incluido los casi 200 millones que se transfirieron al SAS para las vacunas contra la hepatitis C, dinero que Madrid aseguró que no iba a computar como déficit. Otras cantidades también pueden ser discutibles.

Es evidente que el déficit público español se ha vuelto a disparar y que todas las autonomías tendrán que poner el hombro para controlarlo. Pero, estimamos que la cantidad que se le asigna a Andalucía es excesiva y el tiempo para concretar los recortes, demasiado corto.

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