La tribuna

Santiago Herrero León

El despropósito de la huelga general

LA gravísima crisis económica que padece nuestro país es el peor escenario posible para una huelga general. La persistente mortanda d de empresas -más de un millón ya desaparecidas en España desde el comienzo de la recesión-, el aumento alarmante del desempleo y la desconfianza que atenaza a los mercados exigen que toda la energía se dedique a buscar fórmulas idóneas para encontrar cuanto antes el camino de la recuperación.

De ahí, sin duda, el despropósito de esta convocatoria de huelga general; cuando deberíamos estar hablando de arrimar el hombro, todos a una, para que la crisis no se instale sine díe entre nosotros, ni se pierda una generación de jóvenes sin empleo, la noticia de este país es que los sindicatos pretenden paralizar la actividad económica y empresarial en un ejercicio de presión inútil, inoportuno y contraproducente.

Los convocantes aducen cuatro motivos para la huelga: la reforma laboral recientemente aprobada por el Parlamento, el recorte presupuestario, la futura reforma de pensiones y la decisión del Gobierno de legislar sobre negociación colectiva en el plazo de seis meses si no hay acuerdo entre empresarios y sindicatos.

Los convocantes quieren que todo siga igual, que nada cambie, en contra de un clamor generalizado procedente de las más prestigiosas instituciones nacionales e internacionales sobre la imperiosa necesidad de llevar a cabo profundas reformas que actualicen y modernicen -entre otros factores- nuestro mercado laboral como condición indispensable para que sea posible la recuperación económica.

Sorprendentemente, los convocantes rechazan la incipiente reforma laboral aprobada días pasados por el Parlamento, que, a juicio del mundo empresarial, no es que sea insuficiente, sino un simple conjunto de medidas de corto alcance que inciden sobre un sistema anticuado y desfasado, y que no va a satisfacer las necesidades del mercado laboral.

Nuestro marco legal tiene, al menos, treinta años de vida y requiere de una reforma en profundidad que el Parlamento ha preferido no acometer. A los partidos políticos les ha faltado ambición para ofrecer soluciones efectivas a un mercado de trabajo caracterizado por un fuerte desempleo ni para dotar de flexibilidad a las empresas para su adaptación a los mercados y a la competencia.

Es evidente, y existe un consenso generalizado al respecto, que nuestro mercado laboral no funciona correctamente. En etapas de crecimiento mantenemos tasas de crecimiento que doblan a las del resto de los países de la Unión Europea; y en épocas de crisis, las cifran se tornan tan insostenibles como las actuales, especialmente en el caso de los jóvenes.

No parece adecuado quedarse de brazos cruzados ante las altísimas tasas de temporalidad de los contratos: sólo el 8,3% de los más de nueve millones de contratos firmados en 2010 en todo el territorio nacional fueron indefinidos; y el porcentaje baja hasta el 4% en Andalucía, donde se han firmado más de dos millones de contratos hasta agosto.

Resulta anómalo, asimismo, que el 70% de los despidos sean considerados disciplinarios e improcedentes, cuando, en realidad, son objetivos y producidos por circunstancias económicas, tecnológicas o de producción. Se hace la simplificación de que el problema de la reforma laboral es el abaratamiento del despido, cuando el verdadero meollo es la contratación y la adaptación de las empresas a las exigencias de los mercados.

Es evidente, pues, que estamos obligados a reformar una situación que no es normal, que encorseta nuestras posibilidades de crecimiento e impide cualquier cambio de modelo productivo.

Lo más llamativo es que, frente a la tímida reforma aprobada en el Parlamento, se ha convocado una huelga general de nefastas e imprevisibles consecuencias para nuestra economía. Téngase en cuenta que sólo un seguimiento del 25% supondría la pérdida del 0,1% del PIB, que es el crecimiento trimestral de la economía española en estos momentos.

Por todo lo expuesto, no veo en las empresas ni en la sociedad, en su conjunto, ambiente de huelga, y no creo que sea mayoritariamente seguida a no ser que los convocantes pongan en marcha estrategias de actividad callejera que impidan la movilidad de las personas.

Yo llamo a los empresarios a que tengan abiertos los centros de trabajo, y llamo a los sindicatos para que permitan que se confronte el legítimo derecho a la huelga con el legítimo derecho a ejercer el trabajo.

Pero llamo, sobre todo, al diálogo y a la reflexión. Este país no está para huelgas. Paralizarlo es un despropósito. Y las reformas emprendidas son imparables si no queremos que España quede relegada por muchos años de la recuperación económica.

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