LOS gobiernos que se formen tras las elecciones de hoy en España y Andalucía tendrán que enfrentarse de forma prioritaria al deterioro de la situación económica, y esperamos que lo hagan con una interpretación más ajustada a la realidad y sin las simplificaciones y demagogias de la campaña electoral.

Ni es cierto que nos encontremos inmersos en una crisis, ni mucho menos que la elevación de los precios sea una manifestación de ello, ni lo es tampoco que el empleo y la actividad económica se vayan a recuperar en los próximos meses. Todos los analistas económicos comparten que nos encontramos en un proceso de desaceleración económica (cuya intensidad probablemente se infravalora), que previsiblemente se prolongará hasta 2009 y que generará cierres de empresas y aumento del paro, con las implicaciones políticas y sociales que pueden imaginarse.

En una situación como ésta la demanda social y la propensión de los gobiernos es a actuar, como si la responsabilidad inmediata del cambio del signo del ciclo viniese determinada por la acción de los gobiernos y como si la actuación de éstos pudiese evitarlos. Ciertamente la acción gubernamental no es indiferente a la evolución de la economía, pero el impacto a corto plazo de la política económica es muy limitado, máxime desde que los gobiernos no disponen de políticas monetaria y de tipo de cambio.

En otro orden de cosas, una desaceleración de la actividad o una recesión generan problemas económicos y sociales, pero también tienen efectos positivos para la economía: ajustan la demanda a la renta y la oferta a la nueva estructura de la demanda, depuran las actividades y sectores menos competitivos, reajustan los precios relativos e incentivan a las empresas a adoptar funciones de producción más eficientes. Por ello, no parece razonable que los gobiernos traten de evitar estos ajustes que permitirán un comportamiento más competitivo de la economía a medio plazo, si bien es comprensible y recomendable que traten de atajar los impactos más negativos en las personas o colectivos más débiles.

Desde esta perspectiva la resistencia del Banco Central Europeo a bajar el tipo de interés parece razonable mientras se sigan manteniendo las tensiones inflacionistas, lo que permitirá ajustar las economías a la nueva estructura de precios internacionales determinada por el fuerte aumento de la demanda de los países emergentes, por la elevación de los precios del petróleo y por las malas cosechas de algunos cultivos con gran incidencia.

En cuanto a la política fiscal, se reitera que la buena situación de las finanzas públicas españolas permite actuaciones estimuladoras de la demanda de las administraciones públicas, tanto por la reducción de impuestos como por el aumento del gasto público. Comparto este punto de vista, aunque debe advertirse de ciertos riesgos y limitaciones. Por una parte, porque si bien es cierto que en los últimos años el saneamiento de las cuentas públicas ha permitido la generación de superávit y ha reducido notablemente la deuda pública, para el año en curso el superávit sólo es cierto sobre el papel de los presupuestos, pues las previsiones de ingresos impositivos parecen en la actualidad muy optimistas por la desaceleración de la actividad económica, lo que implicará además un aumento del componente automático del gasto (seguro de desempleo, por ejemplo), por lo que el margen de maniobra es inferior al proyectado. Por otra parte, porque tanto la reducción de impuestos como el (aconsejable) aumento de la inversión pública no operarán sensiblemente en el corto plazo.

Y nos quedan las reformas estructurales, sobre las que la intervención pública debería ser constante independientemente de la coyuntura para cualificar los factores de producción (capital físico, humano y tecnológico), y para promover la competencia favoreciendo el comportamiento eficiente de los mercados. Si bien este tipo de políticas son más difíciles de aplicar en tiempos de dificultades económicas y tienen escasa rentabilidad política porque sus éxitos son menos visibles y no se cosechan en el corto plazo, las reformas estructurales (de las administraciones públicas, del sistema educativo, del mercado de trabajo, del energético y de múltiples servicios) son determinantes para la competitividad futura de nuestra economía y para que afronte con mayor solvencia los cambios presentes y futuros en el escenario internacional.

Lo anteriormente expuesto se podrá discutir o matizar, pero esperemos que los gobiernos (especialmente el regional) no caigan en la tentación (como puede derivarse de algunas afirmaciones o compromisos en campaña electoral) de responder a la demanda de grupos de presión de auxiliar a empresas en crisis que han demostrado su incapacidad competitiva.