POCOS asuntos políticos han vivido en Andalucía tan rodeados de confusión y demagogia como el concepto de deuda histórica, un hallazgo feliz en el ámbito de la semántica, pero confuso desde el punto de vista de la política. Se conoce como deuda histórica la obligación del Estado de compensar a Andalucía por su situación de marginación y agravio en el contexto de España durante siglos. El Estatuto de Autonomía de 1981 reconoció en su disposición adicional segunda este derecho, ordenando que los Presupuestos Generales del Estado consignen "con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias" que garanticen un nivel de prestación mínimo de los servicios transferidos a la comunidad autónoma, dado que las circunstancias socioeconómicas de Andalucía le impedirían realizar dicha prestación. El Estatuto de 2007 ratificó este compromiso del Estado con Andalucía, que ningún gobierno había cumplido. Finalmente, el actual Gobierno socialista se comprometió a saldar esta deuda e incluso traspasó un anticipo a cuenta de la misma, una vez pactada su cuantía. Entre ese momento y el actual se ha interpuesto, sin embargo, la más grave y profunda crisis económica de los últimos tiempos, con la consiguiente desestabilización de las cuentas públicas y un déficit que obliga a atender numerosos frentes. En este contexto el Gobierno de la nación viene presionando para que la Junta andaluza acepte la liquidación de la deuda histórica, pero no en dinero contante y sonante, sino a través de la cesión de suelos de propiedad estatal. Ahora bien, si se quiere utilizar esta vía es imprescindible, porque así lo estipula el texto estatutario, que dicho suelo sea utilizado para objetivos relacionados precisamente con los servicios deficitarios que están en el origen de la deuda histórica (sanidad, vivienda, servicios sociales). En los últimos días, el Gobierno sugiere también que los 780 millones de euros que restan para saldar la deuda con la Junta sirvan para condonar parte de la deuda que a su vez mantiene la Junta con el Estado por haber recibido en 2008 unos anticipos del sistema de financiación más elevados que lo que le correspondió al final del ejercicio, a causa de la bajada de ingresos fiscales. Ésta sí puede ser una iniciativa asumible, siempre a condición de que se cumpla el destino finalista que el Estatuto atribuye a los fondos de la deuda histórica.