EL proceso de ajuste a un menor nivel de endeudamiento reducirá materialmente la tasa de crecimiento de la economía española a medio plazo". Es quizás el más significativo de los argumentos utilizados por Fitch, la agencia de rating, para añadir otra mueca, utilizando la expresión de The New York Times, a la credibilidad exterior de la economía española. Lo que viene a señalar es que España no sólo tiene un problema de déficit fiscal, de paro o de fragilidad en su sistema financiero, sino también de endeudamiento, con algunos agravantes adicionales, como el de la voracidad financiera de un Estado que ha terminado por convertirse en uno de los principales escollos para conseguir la recuperación del crédito al sector privado, el del aumento de los costes de la financiación en el exterior o, el más importante de todos, que no haya forma de corregir el problema a corto plazo.

No es ésta la impresión que traslada el Gobierno, cuando insiste en la solvencia de la economía española y en la denuncia de un complot contra el euro, aunque si se revisan detenidamente alguna de las cifras fundamentales resulta obligado concluir que razones para la desconfianza existen, y de sobra. Nos fijaremos en cinco de ellas. La primera, el PIB español, que desde hace unos años se mantiene en torno al billón de euros.

La segunda, el déficit del sector público, que en 2009 cerró por encima del 11% del PIB, es decir, en algo más de los 110.000 millones de euros, pero que el Gobierno se ha empeñado en corregir lo antes posible. El compromiso asumido en el Programa de Estabilidad Presupuestaria es el de una reducción progresiva hasta el 3% en 2013, pero que en 2010 se mantendría en el 9,8% del PIB. La falta de credibilidad en los planteamientos iniciales se ha quebrado en las últimas semanas, tras el vértigo de las fusiones virtuales en las cajas de ahorro que por fin parecen responder a las repetidas llamadas del Banco de España. También se intuye que la reforma laboral podría finalmente deshacerse en los próximos días de las ataduras del pacto social y, por si fuera poco, el Gobierno se ha decidido a adoptar el tipo de medidas impopulares que desde todas partes se vienen reclamando desde hace dos años. Habrá que esperar al dictamen del Ecofín de la próxima semana, pero no sería descabellado considerar que el déficit público podría situarse a finales de 2010 significativamente por debajo del compromiso del Programa de Estabilidad. A la espera de ello, optamos por mantener la previsión gubernamental de que 2010 terminará con un déficit fiscal cercano al 10% del PIB, es decir, unos 100.000 millones de euros.

La tercera cifra es que, según el Banco de España, a finales del año pasado, los españoles debíamos al extranjero 1,8 billones de euros. La mayor parte, 780.000 millones, correspondía a bancos y cajas. A continuación empresas y hogares residentes, que debíamos 461.000 millones. En tercer lugar, el sector público, que debía casi 300.000 millones de euros a instituciones extranjeras, que es el 60% del aproximadamente medio billón euros que suponía el total de su endeudamiento. Este es el cuarto dato que nos interesa destacar y que no ha dejado de crecer durante la primera mitad de 2010.

La quinta cifra son los intereses de la deuda. En 2009 ascendió a 23.000 millones de euros, que es también la cifra consignada, en un nuevo alarde de optimismo gubernamental, en sus Presupuestos para 2010 para el subsector Estado. Como es sabido, la estimación del déficit para 2009 debió ser revisada antes de que finalizara el año y el coste de la deuda no ha dejado de crecer en lo que va de éste. Además, está la deuda de las comunidades autónomas, de la Seguridad Social y la del resto de los organismos autónomos y similares que, aunque significativamente inferior a la del Estado, obliga a considerar que el pago por intereses durante 2010 no va a estar por debajo de los 30.000 millones de euros.

El Estado necesita pedir prestado dinero para hacer frente al pago de los intereses y al déficit de este año, lo que significa que el endeudamiento aumentará en al menos 130.000 millones de euros, es decir, un 13% del PIB, que habría que añadir a la del final de 2009. No se acaban aquí las necesidades, puesto que también habrá que pedir prestado para hacer frente a los vencimientos de 2010 (alrededor de 100.000 millones, tan sólo en letras y bonos del Tesoro). Esto no aumenta necesariamente el nivel de endeudamiento, pero lo de pedir prestado para pagar préstamos puede interpretarse como una señal de imprudencia financiera. En el caso de España también significa una elevación considerable de las necesidades de financiación, hasta el punto de que los 225.000 millones de emisión de deuda prevista para 2010 podrían resultar insuficientes.

Es en este punto cuando los mercados comienzan a desconfiar seriamente, sobre todo porque no se vislumbra la posibilidad de invertir la tendencia. Como es lógico, mientras haya déficit, habrá que seguir endeudándose, pero incluso si se consigue equilibrar el presupuesto, es decir, que los ingresos no financieros se igualen a los gastos, todavía habrá que seguir pidiendo prestado para hacer frente a los intereses. En otras palabras, sólo cuando se consiga un superávit fiscal del 3% del PIB, podremos hacer frente a los 30.000 millones que debemos de pagar de intereses. Sólo a partir de aquí podremos pensar en reducir las deudas, aunque para ello sería necesario un aumento de los ingresos tributarios y un descenso del gasto difícilmente compatible con las previsiones de crecimiento que se manejan para la economía española durante los próximos 10 años.