la tribuna

José Manuel Cabello González

Las deudas del Estado

NUEVAMENTE nos encontramos con un anuncio prometedor por parte del Gobierno, que los medios de comunicación se han encargado de difundir y que en principio parece de justicia, pero que tras un primer análisis se convierte en algo muy distinto.

Planteamiento del problema. Durante la crisis, e incluso antes, los ayuntamientos y comunidades autónomas de todo color político han mantenido un nivel de compras de bienes y servicios desorbitado por encima de sus posibilidades que les ha llevado al impago de las deudas generadas. Han firmado compras que han disfrutado pero que no han pagado, haciendo exactamente lo que el Estado prohíbe mediante la ley de morosidad.

¿Cuál ha sido el resultado económico de esta aberración económica, legal y moral? Es bien fácil, el Estado ha coaccionado a las empresas para que les financie su déficit. Y lo ha hecho en un momento económicamente muy difícil que ha llevado a que la propia empresa tenga dificultades para conseguir financiación para el normal desarrollo de sus actividades. Por tanto, en el mejor de los casos, esta empresa ha dejado de crecer lo que podría haber crecido, creando riqueza y empleo y, en el peor, ha desaparecido cerrando sus puertas, con la consiguiente debacle económico y laboral.

La medida. El Gobierno anuncia un plan para pagar las deudas que las administraciones públicas tienen con sus proveedores consistente en crear una línea de crédito que los bancos abrirán para prestar el dinero a las empresas acreedoras, priorizando los pagos por el porcentaje de quita que estén dispuestos a soportar. Pongámonos en el lugar de la empresas acreedoras y supongamos que un amigo nos debe una cantidad importante y después de recordárselo durante años, nos propone: ve al banco y pide un préstamo por la cantidad que te debo. Yo te avalo. Pero, si no me perdonas parte de la deuda, no sé cuándo te voy a pagar. Y, por supuesto, los intereses corren de tu cuenta. ¿Alguno de ustedes no utilizaría más de una palabra soez para mandar a su debido destino al amigo en cuestión?

Análisis a vuelapluma de la medida. Los ayuntamientos y comunidades deben presentar las facturas antes del 15 de marzo, para que el Gobierno sepa de qué cantidad estamos hablando. ¿Imaginan lo que diría Hacienda de una empresa que no conoce las facturas de sus filiales? No tienen ni la más mínima idea de lo que deben. Y, entonces, ¿cómo han diseñado un plan para el pago si desconocen la cifra? Por cierto, las facturas del cajón que aparezcan ahora deberán incrementar el déficit.

Pero lo más alucinante de la medida es cómo se articula alrededor del sistema financiero: la Administración le debe dinero a sus proveedores y no les paga, y les avala los préstamos que los bancos conceden a dichos proveedores. Precisamente esos bancos que han tenido que ser rescatados con el dinero de todos los contribuyentes, sin que les debiéramos absolutamente nada. Es decir, que a las empresas que legítimamente reclaman el pago de sus facturas les ofrecen unos préstamos de los bancos a los que hemos ayudado entre todos, después de haber sido unos de los mayores causantes de la actual situación.

Pongamos el ejemplo de un padre de familia con dos hijos, el mayor se ha dedicado a derrochar, montar y avalar negocios insostenibles, mientras que el segundo ha gestionado su empresa de forma ordenada, pero ha tenido la desgracia de venderle a su padre. Como el padre es de la misma calaña que el hijo mayor, ha despilfarrado sus recursos e impagado a las empresas. Cuando, por fin, decide poner orden en su casa, por- que Europa obliga, salva de la situación a su hijo mayor prestándole el dinero necesario, mientras que al segundo le propone que pida un préstamo a su hermano, que pague él los intereses y que además le perdone parte de la deuda. De juzgado de guardia.

El Estado, a cambio, le exige a los ayuntamientos y comunidades que diseñen los enésimos planes de ajustes en los que se comprometen a pagar sus deudas, incluidos los nuevos préstamos que avalaría el Estado. Volvemos a las bonitas palabras y las mejores intenciones, pero sin un plan integral bien pensado que de verdad ponga freno al despilfarro.

Medida alternativa. Lo que el Estado debería hacer es abrir un periodo de tiempo de 15 días para que las empresas presenten todas las facturas pendientes de pago. Una vez conocido cuánto debe cada administración y reconocidas las deudas a las empresas proveedoras, deberían ser abonadas inmediatamente a sus acreedores minorando en esa misma cuantía las transferencias que periódicamente el Estado realiza a cada ayuntamiento o comunidad autónoma, si es necesario, en varios años, para amortiguar el golpe financiero. Esta medida debería ser sólo una parte de la reforma integral de la financiación local y que necesariamente pasa por el replanteamiento de la estructura del Estado.

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