FRENTE a la deriva soberanista catalana, y anteriormente la vasca, está la solución recentralizadora firmemente asentada en la más rancia militancia del PP y, entre ambos, el federalismo negociado con tintes de asimetría que defienden los socialistas en su agónico esfuerzo por recuperar un espacio de entendimiento con el Partido Socialista de Cataluña. La convivencia se hace cada vez más difícil en esta España asfixiada por la crisis financiera y el déficit público, como también ocurre en Europa, donde los enfrentamientos también encuentran sus fundamentos en la hostilidad de las relaciones financieras, aunque las circunstancias son radicalmente diferentes. El proyecto de integración europea surgió de la convicción de que una mayor unión política y económica permitiría erradicar definitivamente el fantasma de la guerra, aunque los avances verdaderamente significativos se limitaron a los aspectos estrictamente económicos y monetarios. Ni la integración política, ni la ciudadanía europea consiguieron superar el insalvable obstáculo de ausencia de conciencia de identidad, que es también la fuerza motriz del proyecto segregacionista del nacionalismo catalán. Identidad tanto en el sentido de lo que refuerza los rasgos comunes, es decir, lo que nos une, como en el de lo que nos hace diferentes del resto, que en realidad son las dos caras enfrentadas de una misma moneda. Los procesos integradores, como el europeo, enfatizan en la prevalencia de lo común sobre lo que es diferente, mientras que en los de segregación ocurre justamente lo contario. En ambos casos, sin embargo, la conciencia de identidad termina desempeñando un papel crucial en el resultado final del proceso.

Europa ha quemado en los últimos años diferentes etapas en la dirección contraria al proyecto de integración política y económica. Superada la fase inicial de adoctrinamiento sobre las ventajas de una Europa unida, han acontecido los episodios de no entendimiento y desconfianza entre vecinos y hacia las propias instituciones comunitarias. Las dos posturas enfrentadas en este momento postulan, por un lado, profundizar en la integración, entre ellas la del Gobierno de España, como fórmula para resolver los problemas de solvencia en los sectores público y bancario de los países con problemas. Por otro lado están, con el presidente del Eurogrupo a la cabeza, los que consideran que el margen es muy estrecho y que avanzar en la integración financiera sólo sería posible si hay abandonos en el proyecto del Euro. La cuestión es que hasta para los países con mayores problemas, entiéndanse Grecia o Chipre, los inconvenientes de abandonar la moneda todavía son mayores que los de la permanencia, aunque es evidente que cada vez se está más cerca del punto de inversión de la relación. Especialmente si se impiden iniciativas como los eurobonos, que permitiría frenar la salida de capitales de la periferia, y se insiste en otras, como el control previo a los presupuestos nacionales o la vigilancia comunitaria de los gobiernos en los países intervenidos, concebidas para evitar las molestias de un vecino incómodo, más que para resolver los problemas de fondo.