CUESTA mucho creerlo. Promete el alcalde Zoido requisarle a los gorrillas el dinero que porten fruto de su chantaje como innecesarios aparcacoches. Quiere meterle el miedo en el cuerpo a quienes atemorizan al conjunto de los sevillanos. Si un policía coge a un gorrilla poniendo la mano, dice que le retendrán la calderilla de sus bolsillos. Maniobra coercitiva para quitarles de la calle durante un puñado de horas y que les duela la merma de ingresos por falta de actividad y por perder su sitio. Pero nadie puede demostrar ante un juez que su puñado de monedas es fruto de una actividad ilícita y bajo coacción. No me hablen de un caso en el que se haya desplumado a un gorrilla. Den parte diario de media docena de casos, y nos creeremos que el cambio ha llegado a Sevilla, ciudad sin ley.

También parece bienintencinado pero simbólico reactivar la ejecución de las multas, pues no hay dirección donde remitirlas ni cuenta bancaria donde detraerlas, son habitantes del lumpen sumergido. Aporten datos concretos de una docena de individuos a los que se les ha cobrado el importe de la sanción, y subirá la moral de la ciudadanía para erradicar uno de los rasgos tercermundistas que avergüenzan en Sevilla.

Zoido debe demostrar que su estrategia es pertinaz y no la cortina de humo habitual en estos casos; que forma parte de un plan integral para atajar de punta a cabo las dos caras del problema: liberar a la población decente y reconducir a personas de reinserción muy difícil, enganchadas a la droga o a la mendicidad. Si el vecindario se siente bien liderado y respaldado, crecerá el rechazo a pagarles y perderán la sensación de impunidad que ahora esgrimen, con prácticas mafiosas como las perpetradas contra el coche de Laura Baños, vecina de Bami al frente del barrio.

Aunque parece meta quimérica, el Ayuntamiento ha de tener previsto qué urdirán los gorrillas si erradican su negocio actual, y cómo motivarlos a renunciar a la vida de recaudar por la cara.