LA publicación de los bienes de diputados y senadores -una medida necesaria en aras de la transparencia y la calidad democráticas- era aguardada con singular expectación por una ciudadanía ahíta de prejuicios contra los partidos políticos y dominada por la idea de que la clase política está integrada por un enjambre de corruptos, aprovechados y parásitos.

Por eso muchos españoles se lanzaron desde primera hora de la mañana a escudriñar el patrimonio y la renta de unos y otros, hasta el punto de colapsar las webs del Congreso de los Diputados y del Senado, en las que esperaban encontrar las pruebas de cargo de sus prejuicios. Unos se fijaron en los datos de los políticos de su mayor antipatía; otros dispararon en todas las direcciones, a fin de autoafirmarse en su condena generalizada a todo el elenco de legisladores.

Pocas veces van de la mano un morbo tan intenso y unos resultados tan decepcionantes (para los morbosos). La montaña parió un ratón: salvo contadas excepciones, los representantes del pueblo en sus cámaras alta y baja carecen de grandes fortunas. La mayoría tienen, en viviendas, cuentas corrientes, acciones y fondos de pensiones, lo que comúnmente diríamos que es "un buen pasar". Una posición desahogada que podría equipararse a la que cabe esperar para una clase media profesional, a la que la mayoría pertenece, en los tramos más avanzados de su vida laboral. Ahorros modestos o, en todo caso, moderados, nada que merezca esa estigmatización como privilegiados que a menudo se les endosa por envidia o resentimiento.

Tampoco en los sueldos que se han asignado a sí mismos -ahí no hay convenio colectivo, ellos mismos se los aprueban- puede hablarse con razón de privilegios. Sí lo hay, por el contrario, en el sistema de pensiones que se han concedido y en la ausencia de criterios objetivos para evaluar su rendimiento y decidir su continuidad, criterios que han sido sustituidos por la sumisión a las direcciones de los partidos.

En general, los diputados y senadores de España no son ricos. Y aun los que lo son, o los que disponen de un patrimonio que les pone a salvo de las dificultades que atraviesan la mayor parte de los españoles, no merecen ser cuestionados por el monto de sus propiedades, sino por la forma en que han logrado acumularlas. Dudo que lo hayan hecho corrompiéndose (para ésos está el Código Penal). Más bien se hicieron con un capitalito mobiliario e inmobiliario por su casa, ejerciendo su profesión, heredando, por matrimonio o prolongando más de la cuenta su carrera política y ahorrando gracias a las pequeñas prebendas de las que disfrutan.

Si viven alejados de las preocupaciones de la ciudadanía es por otras causas, no porque la riqueza les impida empatizar con ella.