La tribuna

Rosario Troncoso Gil

Quien no distingue, confunde

A la opinión pública, convenientemente confundida, le cuesta creer que el mundo judicial, primero los secretarios judiciales y luego los jueces, no haya respondido con sus protestas y reivindicaciones a las sanciones impuestas a sus compañeros por el caso Mariluz, en un acto de ataque en respuesta a otro ataque.

Paradójicamente, y a pesar de los esfuerzos del mediático padre de la niña que da nombre al caso, éste ha dejado de ser el de una desaparición y muerte y se ha convertido en el caso de los errores, protestas y enfrentamientos entre poderes del Estado.

Y como no hay dos sin tres, otra fuente de confusión es la de que el culpable de ese trágico suceso no es quien lo ejecutó materialmente, sino de aquellos que no hicieron ejecutar una sanción por otro hecho a quien presuntamente lo merecía. Con lo que entramos en el incierto mundo de lo probable, desterrado hace muchos lustros del derecho penal: "El que es causa de la causa es causa del mal causado".

Finalmente, hay otra más: la confusión generada por el ministro de Justicia cuando manifiesta su deseo de que se cambie el régimen sancionador de los jueces para que no vuelvan a ocurrir hechos similares. Cabe preguntarse si lo que pretende es que no vuelva a suceder el que no se sancione más duramente a un juez, cuando buena parte del electorado parece desearlo, o que no se repita un caso de violencia y muerte sobre una menor donde intervenga el funcionamiento defectuoso de la Justicia.

En no querer o no poder distinguir caemos también los distintos colectivos que estamos implicados en la labor de administrar justicia cuando nos miramos con recelo, como si el perjuicio de unos constituyera el beneficio de los otros. Nada más lejos de la realidad. Por ese camino hay muy poco que ganar, por lo que todos tenemos mucho que perder.

Entre tanta confusión, a riesgo de ser evidente, es necesario aclarar que, aunque las protestas de los colectivos de secretarios y jueces tengan relación con las sanciones y éstas hayan actuado como detonante de las mismas, no se puede negar que lo que se pide también con ellas, la modernización del servicio público, no sea inaplazable, cosa que nadie discute.

Puestos a ser críticos, tan injusto es que se pidan precisamente ahora esos cambios, cuando se dice que el Estado está haciendo un gran esfuerzo en el sentido apuntado, como que se cargue contra estos colectivos como los exclusivos malos de la película, pues hasta que la Justicia, con este caso, no se ha planteado como debate público parece que no había ninguna prisa en acometer los cambios ordenados en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003 .

Quizá haya que contar de nuevo la historia para despejar confusiones: un pederasta es acusado de la muerte de una niña; el pederasta estaba en libertad porque no se le había mandado a cumplir otra pena impuesta con anterioridad (si la hubiera cumplido con sus plazos igualmente hubiera estado en la calle); la niña tiene un padre bienintencionado que pide justicia para que "no le vuelva a pasar lo mismo a nadie más"; el ministro está de acuerdo en la forma de conseguirlo; al pederasta ya lo juzgarán y queda en segundo plano; se desencadena un intenso debate sobre quiénes son los culpables del retraso en ejecutar la pena y, en consecuencia, seguidamente, sobre si constituye una injerencia de unos poderes en otros el que al Gobierno le parezca bien o mal la sanción al juez, sobre lo adecuado o inadecuado del régimen sancionador de los jueces, sobre la desproporción entre la sanción a la Secretaria del juzgado que dejó sin ejecutar la pena y la impuesta al juez de ese mismo juzgado, sobre si los colectivos de secretarios y jueces actúan corporativamente o, porque ésta es la gota que colma su paciencia, sobre si tienen los jueces derecho o no a la huelga...

Sin duda ésta es una parte del debate, pero no debería ser la más importante.

Si es cierto que la Administración está haciendo esfuerzos presupuestarios y legislativos por avanzar en la calidad de la Justicia, no lo es menos que quienes trabajamos para ella queremos esos cambios para desempeñar más eficazmente la misión que nos encomienda la sociedad. Es indudable que la calidad de lo que hacemos se sustenta en nuestro propio esfuerzo, por el que nos pagan, pero para trabajar con calidad debemos contar con una estructura organizativa que no evitará errores (somos humanos), pero por lo menos permitirá minimizarlos. En reclamarla y apoyar su implantación se deben centrar nuestros esfuerzos.

Espero haber contribuido a que no nos malinterpreten.

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