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LA Fiscalía de Cádiz ha anunciado que va a pedir la inmediata excarcelación del recluso portuense Rafael Ricardi, condenado en 1997 a 18 años de prisión por una serie de violaciones cometidas en varias localidades de la Bahía de Cádiz. Un informe del Instituto Nacional de Toxicología asegura que las pruebas halladas en su momento descartan la participación de Ricardi -que lleva en la cárcel desde 1995- en los hechos delictivos por los que fue condenado. La detención el pasado mes de abril de un hombre cuyo ADN sí coincide con el hallado en el lugar de una de las violaciones comenzó a destapar este enorme error que mantiene en la cárcel a una persona inocente. Lo sucedido con Ricardi es una cadena de despropósitos e irregularidades que se han cebado con un marginado de la sociedad. El protagonista de este drama era politoxicómano en el momento de su detención, un sin techo que vivía de la indigencia en la calle y cuya familia terminó de romperse con su encarcelamiento. Nadie clamó en su momento por su inocencia e incluso, con el tiempo, él mismo llegó a declararse culpable desde una cárcel que le proporcionaba un techo y un sustento. A una investigación policial plagada de errores en sus inicios se unió luego el lamentable hecho de que en el año 2000 ya aparecieron pruebas suficientes como para pedir una revisión del caso, al descartar Toxicología que su ADN coincidiese con el encontrado por la Policía. Creer en la inocencia de una persona de las características de Ricardi a pesar de la falta de pruebas en su contra ha sido difícil hasta para la Fiscalía, que hace sólo unas semanas (tras pedir una serie de pruebas y testimonios) insistía en que sólo se trataba de "opiniones" y ahora se ve obligada a pedir la excarcelación. Llegados a este punto, hay que reclamar a la Justicia la rapidez que se le ha negado a este hombre para que salga cuanto antes de la cárcel y pueda comenzar a rehacer una vida truncada por fallos en el sistema judicial y policial. Y, por supuesto, aunque estar 13 años en la cárcel es algo que no tiene precio, que se establezcan las responsabilidades e indemnizaciones oportunas.

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