HAN transcurrido los tres meses en los que el presidente del Gobierno se comprometió, durante el Debate sobre el estado de la Nación, a presentar los grandes trazos de la Ley de Economía Sostenible que, en cualquier caso, deberá estar lista en diciembre. Puede que se me escape algo, pero creo que los pronunciamientos oficiales se han limitado a señalar que se sigue trabajando en el tema y que de momento no hay grandes novedades sobre lo ya publicado sobre el Plan E, es decir, que se trata de la vía española para la renovación del viejo modelo económico y que la idea de sostenibilidad se entiende en tres ámbitos: el económico, el social y el medioambiental. La cuestión es que cuando han pasado dos años desde el desencadenamiento de la crisis y uno desde que los gobiernos tuvieron que acudir al rescate de los bancos, todavía habrá que esperar otros cuatro meses para conocer la estrategia del Ejecutivo para salir de la crisis y para "renovar el modelo de crecimiento".

Con señales de recuperación en algunos países de nuestro entorno, resulta difícil explicar tanto retraso y, sobre todo, la incertidumbre que genera sobre los agentes económicos. Parece ser que, conocida la voluntad de este Gobierno de pactar con empresarios y sindicatos toda su política económica, el fracaso de las negociaciones durante el mes de julio obliga a trasladar hasta septiembre cualquier acuerdo, al nada despreciable coste de mantener en el limbo informativo a los agentes económicos que, no obstante, no siempre tienen la posibilidad de aplazar sus decisiones.

También es posible que no se sepa por dónde tirar. Entre los técnicos y asesores que trabajan para el Gobierno hay quienes consideran que no es razonable en estos tiempos pretender definir un modelo económico mediante una ley. Esto podía ocurrir en la Unión Soviética, en la China de Mao o en la España de Franco, que se creían capaces de vivir de espaldas al resto del mundo, pero en plena globalización serán los mercados, nuestra historia económica reciente, el contexto exterior en el que estamos ubicados y, en todo caso, la cruda realidad de nuestros recursos naturales, humanos y tecnológicos, los que determinen qué podemos hacer y cómo debemos hacerlo.

Otra posibilidad es que no exista un interés real por cambiar demasiado las cosas. Douglas North, que recibió el premio Nobel de Economía en 1993 por sus trabajos en materia de "cambios económicos e institucionales", señalaba que las diferencias en el marco institucional eran la principal causa explicativa, junto con la tecnología, de la existencia de países pobres y ricos. La calidad de las instituciones y los cambios en las reglas formales e informales de convivencia, que se definen en el terreno político, proporciona una determinada estructura de incentivos de la economía. El cambio económico es el resultado de la evolución de estos incentivos, por lo que cabe cuestionarse si el Gobierno y sus interlocutores sociales van a estar verdaderamente interesados en impulsar algunos de los cambios tan sensibles a intereses concretos, como el de las administraciones públicas o el mercado laboral.