HISTÓRICAMENTE, en numerosas ocasiones, ha quedado demostrada la eficacia de las políticas keynesianas de incremento del gasto público como mecanismo de respuesta frente a coyunturas negativas de la economía. Las inversiones puestas en marcha desde la Administración favorecen un aumento de la actividad y del empleo, lo que a su vez genera el fenómeno conocido como incremento de la demanda agregada. Es evidente que dicho incremento ayuda a reactivar la marcha de la economía, o al menos a frenar su deterioro. Por otro lado, hay un efecto añadido de lo anterior que no debe pasar desapercibido: la contribución de la obra pública a la mejora de las infraestructuras. En una sociedad tan compleja e interrelacionada como la actual, la dotación de infraestructuras se convierte en un pivote fundamental para las posibilidades de desarrollo de los territorios.

En la actual coyuntura de la economía española, la mayoría de las opiniones coinciden en el agotamiento del patrón de crecimiento de la última década. En esta nueva etapa de reajuste, el sector público, y en particular la licitación oficial, han de jugar un papel protagonista en la actuación sobre una triple problemática: suavizar la caída de la actividad en el sector, facilitar la sustitución de la construcción como pilar fundamental de desarrollo económico y, al mismo tiempo, llevar a cabo las infraestructuras necesarias que, sin duda, ayudarán al funcionamiento de la sociedad en un futuro próximo.

La sencillez aparente de este planteamiento teórico se difumina ante la complejidad de intentar llevarlo a la práctica con el éxito esperado. Son notorios los ejemplos en los que la intervención del sector público ha terminado produciendo escasos o nulos beneficios, cuando no ha supuesto un elevado coste para el conjunto de la sociedad. Quiero decir con esto que lo determinante no es la cantidad de intervención pública, sino la eficacia de la misma. Y para que se den unos resultados satisfactorios es necesaria la existencia de un marco regulatorio adecuado, que agilice y flexibilice el comportamiento de los agentes económicos y evite las complejidades administrativas y las opacidades en las concesiones. El desarrollo de un marco normativo que regule las relaciones entre el sector público y el privado es propio de las sociedades avanzadas. Es más, su buen funcionamiento, estrechamente relacionado con el nivel de renta de cada país, diferencia a unas sociedades de otras.

En definitiva, no sólo debemos reclamar una actuación de la Administración en la economía, sino que hemos de exigir que ésta sea eficiente. En este sentido, tenemos que preguntarnos cuáles son las características fundamentales que debe tener dicho marco regulatorio, entendiéndolo como el entramado institucional y jurídico que ordena las relaciones socioeconómicas y sirve para impulsar y delimitar las dimensiones de los mercados. En otras palabras, hay que reflexionar sobre cuáles han de ser las reglas del juego. En este sentido, también hay un acuerdo generalizado en que las instituciones han de cumplir, como mínimo, tres condiciones: flexibilidad, calidad y exigibilidad.

1. La flexibilidad como la capacidad de adaptación al entorno cambiante de la economía, sobre todo, en momentos de cambio tecnológico como el actual.

2. Calidad en cuanto a contenidos. Las prioridades de la actuación pública han de estar claramente enfocadas hacia la mejora de las infraestructuras y las dotaciones sociales, y no a transferir rentas a grupos particulares, lo que no contribuye al aumento del bienestar del conjunto de la sociedad.

3. Exigibilidad. Tan importante como su flexibilidad y su contenido es que la regulación sea exigible, para lo cual son imprescindibles organismos independientes, con credibilidad y comprometidos con el cumplimiento de las normas.

Como no podía ser de otro modo, la calidad de un marco regulatorio está muy vinculada, como los demás aspectos de la vida, al nivel de desarrollo del capital humano y tecnológico. En nuestro caso concreto, resulta evidente que la actuación del sector público no debe ir encaminada a incrementar el gasto para que determinados grupos de presión mantengan su nivel de actividad económica, sino que los criterios de inversión deben orientarse a las necesidades del conjunto de la sociedad y a la consecución de bienes públicos. En demasiadas ocasiones hemos visto cómo, con el pretexto de mantener puestos de trabajo o por la urgencia de solucionar una situación concreta, se ha terminado por consolidar situaciones de ineficiencia que sólo han beneficiado a corto plazo a unos cuantos y que, además, ha impedido la canalización del esfuerzo público hacia actividades de futuro que permitiesen incrementar el capital social en su conjunto.

En la situación actual, corremos el riesgo de que la actuación de la Administración, en una visión de corto plazo, se oriente a apuntalar los sectores maltrechos de la economía, dedicando fondos y esfuerzos a alargar la agonía de un patrón de crecimiento del que todos pensamos que ya está agotado, en lugar de encaminarse a buscar alternativas al mismo.

En este punto merece la pena recordar la ingente cantidad de medios que la Junta de Andalucía dedicó en su momento a mantener actividades mineras, siderúrgicas, navales, de automoción, etcétera. Ninguna de las crisis abordadas se resolvió, por la sencilla razón de que los mercados no demandaban sus productos, y las medidas adoptadas sólo sirvieron para detraer recursos que tenían que haberse dedicado a mejorar el nivel del capital humano y tecnológico de la región. Es de esperar que en esta ocasión el esfuerzo de la Junta se diseñe en un horizonte a medio plazo y con vistas a mejorar la competitividad del territorio, evitándose así las tentaciones cortoplacistas de intereses particulares, que impedirían el necesario cambio de patrón de crecimiento de la economía andaluza.