Editorial

El ejemplo de RTVE

EL Consejo de Ministros aprobó ayer el nuevo modelo de financiación de la radio y la televisión públicas de ámbito estatal. Cuando el plan gubernamental reciba los dictámenes pertinentes y pase como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, los representantes de la soberanía popular tendrán la oportunidad de definir al fin el modelo de RTVE que propugnan. La idea del Gobierno se centra en un aspecto sustancial, aunque no único, de los medios de propiedad estatal: su financiación. Se pretende que a partir del próximo otoño TVE deje de emitir anuncios. La merma de ingresos que supondrá esta supresión de la publicidad será compensada gracias a los Presupuestos Generales del Estado, como hasta ahora, pero también con un canon a cargo de las cadenas privadas (ya están obligadas a financiar la producción de películas españolas), que serían las beneficiarias de un reparto del pastel publicitario con un comensal menos, y una tasa que abonarían las operadoras de telecomunicaciones. No es descabellado pensar que tanto unas como otras intentarán trasladar a los usuarios el coste sobrevenido a sus balances por esta decisión gubernamental, de modo que al final serán los ciudadanos los paganos de este cambio. Creemos que el cambio en el sector audiovisual no debe centrarse en exclusiva en el problema de la financiación del ente público, sino que ha de contemplar todos sus aspectos: contenidos, dimensión, concepto de servicio público... Hay que aprovechar la oportunidad para propiciar un amplio debate, que está pendiente, sobre la existencia y razón de ser de una radio y una televisión públicas en la España de hoy. Con todo, el posicionamiento del Gobierno es positivo al afrontar la delicada cuestión de la financiación del Ente Público RTVE y afrontarlo en la dirección correcta de evitar la doble vía hasta ahora practicada: fondos públicos procedentes de los ciudadanos, por un lado, y mercado publicitario en competencia con las sociedades privadas que arriesgan el dinero de sus accionistas. Acabar con esa situación es una necesidad perentoria. Como lo es, a otro nivel, plantear este conflicto en las televisiones autonómicas, que reproducen el modelo actual. Canal Sur ha recibido en este ejercicio más de 180 millones de euros de subvención de la Junta de Andalucía (el 73% de sus ingresos) para hacer programas que muchas veces no cumplen las funciones que la ley le encomienda.

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