EL tercer informe Loyola Economic Outlook, vinculado a la universidad andaluza de este nombre y a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), es el menos optimista de los presentados hasta ahora sobre la evolución económica regional. Pronostica un crecimiento andaluz del 1,9% en 2015, una décima por debajo de la media nacional. Lo más destacado del informe es que relaciona este menor ritmo con el hecho de que se hayan adelantado las elecciones autonómicas más de un año sobre la fecha prevista, lo que genera que las empresas posterguen sus decisiones a causa de la incertidumbre política y, por otro lado, que se retrase la ejecución del presupuesto aprobado por el Parlamento para el actual ejercicio. También el Partido Popular, desde un punto de vista complementario del anterior, ha criticado el adelanto electoral por el gasto que supone para las arcas públicas, llegando a sugerir la conveniencia de celebrar los comicios en las mismas fechas que otras elecciones de ámbito nacional (locales, autonómicas o generales) previstas para este año. Esta presunta conveniencia debe ser rechazada de plano porque la coincidencia iría en detrimento de la autonomía política de Andalucía, que merece una convocatoria en solitario, tal como hacen sin excepciones las comunidades autónomas de primer nivel. En lo que se refiere al coste de un proceso electoral para las arcas públicas, hay que subrayar que es el mismo en cualquier fecha que se llame a las urnas a los ciudadanos. La democracia tiene un precio económico, podríamos decir, y los ciudadanos deben pagarlo para asegurar el ejercicio de su derecho a elegir a los gobernantes que mejor los representen. La decisión de la presidenta Susana Díaz de disolver el Parlamento, interrumpir la legislatura y llamar a las urnas puede ser criticada desde varios puntos de vista, pero no desde éste. Y tampoco por la pretendida ralentización del ritmo de crecimiento de la economía andaluza, que si es cierto que puede verse influido negativamete, lo sería en cualquier momento en que se celebrasen las elecciones. En definitiva, las elecciones autonómicas tendrán lugar el próximo 22 de marzo porque así lo ha decidido quien tiene la potestad jurídica y política de hacerlo, ateniéndose a lo prescrito por el vigente Estatuto de Autonomía. Lo que cabe exigir, ciertamente, es que el Parlamento que salga del 22-M se constituya con celeridad y el gobierno resultante, sea el que sea, se ponga de inmediato a la tarea de afrontar los problemas de Andalucía y, entre ellos, prioritariamente, al trabajo de crear las condiciones para la mejora de la economía regional, el crecimiento y la generación de empleo.