de San Jerónimo

EL refranero español le sirvió ayer al presidente del Gobierno para aplicarle "al enemigo, le legislación vigente" en la primera pregunta que le formuló Amaiur, a través Mikel Errekondo, en el Congreso de los Diputados. Pese a que el ex pivote del Bidasoa sacó el brazo para contentar a los suyos con el discurso trasnochado en torno al "conflicto vasco" que practica la izquierda abertzale, con la desmilitarización y la salida de las fuerzas represivas de Euskal Herria, Rajoy, poco dado a los disimulos, estuvo contenido. Quizás lo que se está cocinando entre bambalinas más allá del acuerdo de amplio espectro parlamentario impulsado por populares y socialistas, le obligara a emplear un tono menos contundente al que utilizó en el debate de investidura, cuando marcó una distancia sideral con el brazo político de ETA que hacía presagiar una hoja de ruta imposible. Pura responsabilidad, aunque a Aznar le pueda parecer una felonía.

En el cara a cara entre los primeros espaldas, Alfredo Pérez Rubalcaba golpeó con la reforma laboral "del despido", y Rajoy le advirtió que el PSOE y los sindicatos acabaran quedándose solos en su oposición frontal a la nueva normativa laboral. Como en las otras sesiones, notables discrepancias pero sin llegar a adquirir el rango de rifirrafe.

Las Sorayas elevaron el tono, pero abandonando el verbo mitinero la socialista y renunciando al papel de vicepresidenta de la oposición de la oposición la popular. La portavoz del primer grupo de la oposición le ganó en esta ocasión por una frase, cuando le espetó, a propósito de las protestas estudiantiles en Valencia, que "dejen de llamar enemigos a los jóvenes que se manifiestan porque son nuestros hijos". A la número dos de Rajoy, el retrovisor le valió para que la bancada popular calentara palmas y poco más.

Con la reforma laboral y la represión policial a orillas de Turia fluyendo como el Guadiana en las preguntas parlamentarias de los socialistas, aunque el asunto fuera, por ejemplo, el olivar jiennense o las becas, la cosa andaluza, muy acusada por la proximidad de los comicios autonómicos, la inauguró José Luis Centella, de IU, al preguntar el Cristóbal Montoro sobre si el Gobierno temía por una eventual bancarrota de Andalucía. El titular de Hacienda y Administraciones Públicas le respondió que "ninguna" y extendió ese convicción al resto de las comunidades autónomas. Después no aplicó el mismo criterio cuando se refirió en exclusiva a las desviaciones presupuestarias detectadas y reconocidas en las cuentas andaluzas.

Montoro afrontó la afluencia de los tijeretazos en Andalucía, planteados por el diputado socialista Antonio Hurtado, de forma más relajada y con esas risotadas nerviosas que le acompañan, situando a la comunidad autónoma del sur a la cabeza del paro en Europa y sacando pecho con los pensionistas y el próximo pago a la larga lista de proveedores. Y, como si fuera el día de la marmota pero con los actores cambiados, lamentó el grave daño que los socialistas estaban haciendo a la imagen de España al poner en duda la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el escenario de 2020. El plato fuerte del menú andaluz lo sirvió la ministra de Trabajo cargando con los ERE contra los socialistas. El diputado popular Ricardo Tarno le acompañó con un relato más pormenorizado de los desmanes del PSOE con los fondos de la solidaridad.

Más allá de Andalucía, el ministro de Educación, Cultura y Deporte se erigió en protagonista absoluto cuando le reprochó a los socialistas estar del lado de "las protestas violentas y de quienes infringen la ley" en referencia a los incidentes de Valencia. Wert tampoco estuvo muy afortunado cuanto intentó aclarar su posición exacta sobre el doping en el deporte español. El socialista Manuel Pezzi casi lo desarboló.