DESDE que el pasado 10 de noviembre el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, anunció en rueda de prensa que la institución que dirige convocaba 175 plazas de catedrático de Música y Artes Escénicas, el mundo musical andaluz se ha sumido en una ceremonia de la confusión que nos ha llevado de vuelta al mismo punto del círculo. Volvemos una y otra vez al miedo y la demagogia, en una reiteración infinita e incansable.

Una vez más, la Junta de Andalucía, incomprensiblemente, tras apariciones públicas anunciando esta convocatoria, que sabe clave e histórica para el futuro de sus enseñanzas artísticas, y tras meses de trabajo de sus direcciones generales en la Consejería de Educación para avanzar en este proceso, junto a todas las fuerzas sindicales, habiendo logrado todos ellos un consenso suficiente para dar el paso, paraliza el proceso al día siguiente de la finalización de las negociaciones. Sin más explicaciones.

Desde que los claustros de los conservatorios superiores de música dinamitaran, quemándose figuradamente a lo bonzo, las pretensiones de la Ley Villar Palasí de incorporar estos centros a la universidad (oportunidad que sí aprovecharon las escuelas de Bellas Artes), pocas nuevas ocasiones han aparecido de homologar las enseñanzas superiores de música con el resto de enseñanzas superiores del Estado. Nuestras enseñanzas son diferentes a las demás, se nos dijo, prometiéndosenos un paraíso específico de independencia que ha resultado no ser sino un rincón oscuro, mal iluminado y peor ventilado, falto de medios académicos y reconocimiento social, en el que mora una titulación de grado invalidada por los tribunales.

Esta tribuna quiere ser una llamada de atención a las autoridades competentes y a la comunidad musical, para que tengan esta vez la altura de miras que no han demostrado en otras ocasiones. La enseñanza de la música tiene sus especificidades, como las tienen la pintura, la escultura o la fisioterapia. Pero volver a enarbolarlas como excusa para evitar su adaptación a las estructuras educativas superiores que rigen en todos los demás campos del arte y la ciencia sería condenarnos a seguir habitando las malolientes sentinas de la nave educativa en las que llevamos décadas asfixiándonos.

La Junta parece haber caído en la trampa saducea planeada por un minoritario grupo de instigadores con contactos políticos y capaces de cualquier maniobra para lograr la satisfacción de sus meros intereses personales. Subyace en toda la demagogia que han sido capaces de mostrar y airear públicamente en los últimos días su consciencia y miedo atroz a que si la Junta sigue adelante con esta convocatoria, su privilegiado modus vivendi, que creían vitalicio, se extingue. No pueden optar a un escenario como el planteado por la legislación a los aspirantes a futuros catedráticos. Por lo tanto, su lema ha sido desde el primer momento Paralización.

El procedimiento que podría iniciarse en Andalucía en los próximos meses no es sin duda el camino directo que ha de llevarnos al paraíso soñado de la Musikhochschule germana, pero sí podría ser un primer paso que empujara a estas enseñanzas en esta dirección. Una vez estos centros cuenten con un mínimo porcentaje de profesorado estable y acreditado para impartir todas las cualificaciones que marca la ley, contaremos con el fulcro que nos permita empezar a intentar sacar los pies del fango en el que estamos metidos. La Junta de Andalucía tiene la obligación de hacer cumplir el RD 303/2010 de requisitos mínimos de los centros en su sinergia con la Ley Educativa, sentencias del Tribunal Supremo, además del Marco Español de Cualificaciones de la Enseñanza Superior (Meces). No es cuestión de voluntariedad, es una cuestión de legalidad.

Si estos centros quieren sumarse con plenos derechos al Espacio Europeo de Educación Superior, comenzar a impartir estudios de tercer ciclo e incorporarse al Sistema Español de Ciencia y Tecnología, tal y como marca la ley, no queda pues hoy por hoy otro camino que el de que sus profesores numerarios acrediten las mismas imprescindibles capacidades que se exigen a sus colegas del resto de enseñanzas superiores.

Esperemos que Susana Díaz y Luciano Alonso tengan en esta ocasión la suficiente perspectiva y la necesaria altura de miras para que Andalucía lidere a todo el Estado en esta ocasión histórica, y mantengan la oferta de empleo público de 175 plazas de Cátedras en Conservatorios Superiores, anunciada en medios, web y otras plataformas de la Consejería de Educación. Alumnos, docentes, padres y sindicatos, que han apoyado esta convocatoria desde su inicio, no debemos permitir que el escenario de nuestro alumnado sea tener que buscar en la enseñanza privada fuera de Andalucía las titulaciones con validez académica y excelencia educativa, por la rectificación sorpresiva de la Junta de Andalucía en todo este proceso que ella inició. Quizá esta oportunidad histórica sea la última.