En tránsito

eduardo / jordá

¿P ero qué es esto?

YA conté hace tiempo que vi a Julián Muñoz tomando el sol tan tranquilo en un restaurante de Bolonia, en Cádiz, cuando el ex alcalde de Marbella ya había sido procesado y condenado por no sé cuántos casos graves de corrupción. Aquel hombre había hecho desaparecer una gran cantidad de dinero público, así que a causa de su conducta delictiva miles de ciudadanos habían visto recortados sus sueldos o sus prestaciones sociales, pero él estaba comiendo muy a gusto en un lugar a la vista de todos, sin ocultarse ni avergonzarse, y lo que es más grave aún, sin que ninguno de nosotros le organizase un escrache espontáneo para mandarlo a freír espárragos. ¿Cómo era posible aquello? Nunca logré explicármelo.

Cuando hablo de estos temas con abogados o con juristas, todos me explican que nuestro sistema jurídico permite un dilatado laberinto de apelaciones, recursos, anulaciones, aplazamientos, nuevos recursos o incluso indultos, de modo que muchos condenados pueden pegarse la gran vida si tienen la suerte de poder contratar un buen abogado. Y es que nuestro modelo garantista de Justicia es uno de los más avanzados del mundo, ya que garantiza la protección de los derechos de los detenidos para evitar cualquier clase de arbitrariedad o de error policial. El problema es que ese mismo modelo garantista, una vez que choca con la parálisis burocrática o la maraña farragosa de los procedimientos legales, acaba convirtiendo a nuestra justicia en una de las más lentas e ineficaces del mundo. Y aunque en teoría tenemos una justicia digna del siglo XXI, en la práctica tenemos una administración de justicia digna del siglo XVII, cuando una legión de escribanos garabateaban miles y miles de legajos en unas dependencias tenebrosas donde sólo se oía el rumor de los pececillos de plata que iban devorando todos los legajos que esperaban turno.

Digo esto porque nadie entiende muy bien cómo funciona nuestra Justicia. Veamos el caso de Miguel Carcaño, por ejemplo. ¿Cuántas veces ha cambiado su declaración sobre la muerte de Marta del Castillo? ¿Y cuánto dinero público, en términos de nuevas búsquedas policiales, han costado sus rectificaciones? Pues bien, hasta ahora ya ha cambiado siete veces de declaración, sin que ninguna de sus muchas mentiras le haya supuesto un agravante. Es decir, que nuestro sistema garantista puede hacernos creer que tenemos una justicia como la de Canadá, aunque en realidad se parece mucho más a la de Zimbabue. Bingo.

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