EL Gobierno andaluz que preside Griñán y vicepreside Valderas tomó posesión el 7 de mayo. Hace dos meses largos. Ayer celebró su reunión semanal y tampoco esta vez nombró a los delegados provinciales. Su estructura periférica sigue siendo la antigua, la del anterior Ejecutivo exclusivamente socialista.

Quiere ello decir que los representantes territoriales de la Junta, los responsables de las distintas consejerías en cada una de las ocho provincias -salvo excepciones- son políticos en vía de amortización, muchos de los cuales saben que no van a seguir en el cargo. Habría que considerar con qué entusiasmo y energía se estarán dedicando a ejercer sus tareas. Y así desde el 25 de marzo, como mínimo. Hace casi cuatro meses.

Me permito señalar que estamos ante un escándalo. Porque la interinidad prolongada de los susodichos y la demora insólita en la designación de los sustitutos no obedecen a los problemas técnicos de la reorganización de las consejerías a causa de la reordenación de las competencias ni al reparto de poder entre los dos socios de la coalición gubernamental. Obedecen a intereses domésticos del socio mayoritario (con la irritación creciente de Izquierda Unida). A la necesidad del PSOE andaluz de esperar el resultado de los congresos regional y provinciales para decidir esos nombramientos en función de las mayorías internas: para que los líderes y los aparatos triunfantes de cada provincia señalen con el dedo quiénes merecen ser premiados con un cargo público y quiénes privados del botín autonómico. Ya me dirán si el caso es o no es escandaloso...

Si tenemos en cuenta que una de las protagonistas de esta comedia dramática, la ya elegida secretaria general del PSOE sevillano, Susana Díaz, es también consejera de Presidencia y, por lo tanto, titular del departamento que ha de coordinar, impulsar y controlar al resto del Gobierno autonómico, se comprenderá lo dañina que es esta subordinación de la gobernación de Andalucía a los afanes, disputas y repartos de uno de los partidos gobernantes. Cualquier funcionario de Presidencia les puede decir que allí no se mueve nada desde las elecciones del 25-M. Algo parecido a lo que probablemente viene sucediendo en las delegaciones provinciales que motivan este comentario, donde pasará que los que van a ocuparlas lo harán prácticamente en agosto y empezarán a preocuparse por los andaluces en septiembre. A la vuelta de sus merecidas vacaciones.

No sé si los autores de este desaguisado son conscientes de un peligro que les acecha: ¿y si los andaluces, que ven que la vida sigue y que no les afecta mucho el hecho de que no haya delegados provinciales, llegan a la conclusión que da igual que existan o que desaparezcan?