la esquina

José Aguilar

El escándalo Urdangarín

UN fallo de comunicación de la Casa Real hizo creer que las informaciones sobre negocios presuntamente irregulares de Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, habían llevado a don Juan Carlos a alterar la composición de la Familia Real (no confundir con la familia del Rey) contemplada en un decreto de noviembre de 1981.

No hay tal. Lo que sí hay es el firme propósito de minimizar los daños evidentes que el caso Urdangarín puede provocar en la institución monárquica. ¿Cómo? Apartándolo, de manera progresiva o radical -ya lo veremos- de las actividades oficiales de los miembros de la Familia. Una forma de congelar su relación con la Casa Real en el ámbito institucional para evitar que el escándalo salpique al jefe del Estado y a sus herederos. Ninguno de los afectados piensa en un divorcio que disolvería de golpe el problema.

Todo eso mientras se sustancia el proceso, porque no conviene perder de vista que de momento Iñaki Urdangarín no está ni siquiera imputado. Pero el asunto tiene mala pinta. De lo que se conoce se desprende con rotundidad que el yerno del monarca ha aprovechado su parentesco para, al amparo de una sociedad sin ánimo de lucro en la que también figuraba su esposa, lucrarse de contratos de organización de eventos para dos gobiernos autonómicos y varios ayuntamientos, que lo contrataban precisamente por ser quien es.

Los detalles están en los periódicos: facturas infladas, facturas falsas, confusión entre la sociedad no lucrativa y las empresas beneficiarias, evasión de impuestos, tráfico de influencias... Donde no están, porque no existe, es en un auto judicial de imputación que le permitiría al duque de Palma defenderse de las acusaciones y subrayar su inocencia, como siempre ha proclamado y sigue proclamando. Como tantos otros personajes públicos, Urdangarín sufre el perjuicio de los prejuicios que nuestro sistema de justicia conlleva.

Cuando el ex jugador de balonmano sea finalmente imputado su rostro habrá desaparecido de los actos oficiales de la Familia Real, aunque continúe perteneciendo a ella, y si los tribunales encuentran responsabilidad penal en sus actividades habrá de afrontarlas en solitario. Quizás eso no acaba con el escándalo, pero establece una especie de cortafuegos, especialmente importante en la actual coyuntura. La Monarquía fue calificada por vez primera con un suspenso por la opinión pública en la última encuesta del CIS, y si ustedes escuchan a las nuevas generaciones de españoles en torno a los 25 años se percatarán de que no les vale defender la continuidad de la institucion por los impagables servicios del actual Rey a España y a la democracia. Exigen nuevas utilidades y no consideran sagrada la Constitución.

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