Editorial

El escándalo que no cesa

EL consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, anunció ayer en Huelva que la Junta de Andalucía hará una auditoría sobre los fondos otorgados por el Gobierno autonómico a la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe) durante los años 2009 y 2010 tras desvelarse que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha encontrado graves irregularidades en estas y otras subvenciones destinadas a la formación para el empleo. El informe de la Cámara es demoledor: el 89% de las ayudas a la formación concedidas durante el ejercicio de 2009 se dieron sin la "concurrencia competitiva" que exige la ley de subvenciones. Los mayores beneficiarios de las ayudas fueron la patronal CEA y los sindicatos CCOO y UGT. En lo que se refiere a la Faffe, donde se contrataron decenas de personas sin concurso público de méritos, el órgano fiscalizador concluye que recibió 49 millones de euros en los dos años mencionados sin que conste justificación alguna a pesar de haber finalizado con creces -estamos en 2014- el plazo límite para hacerlo. Las irregularidades no acaban ahí, puesto que la Cámara ha detectado también la imputación como subvenciones de gastos que no son tales, la no exigencia de intereses de demora en casos de reintegro y el incumplimiento de otros aspectos de la legalidad vigente. El informe se conoce en un contexto en el que pesa el caso de las facturas falsas del sindicato UGT, obligado por la Junta a devolver fondos públicos indebidamente utilizados y sometido a una drástica investigación social que ha provocado la caída de su ejecutiva regional. Conforme se investiga se descubre un auténtico escándalo de financiación y se perfila un panorama sombrío: durante años la Junta ha repartido fondos públicos millonarios con total frivolidad, ausencia de procedimiento y falta de control sobre el uso de los mismos. Se hace evidente la necesidad de llegar hasta el final en la indagación de estas gravísimas irregularidades, tanto en el ámbito de la propia Junta como en el penal, la voluntad expresa de cambiar un sistema que se ha revelado como una fuente de despilfarro y fraude y la absoluta conveniencia de modificar los mecanismos de concertación social y financiación de empresarios y sindicatos que han conducido a esta situación. La triple apuesta será, si se afronta con decisión y firmeza, la única forma de limpiar la política andaluza y recuperar la legitimidad de elementos tan importantes para la estabilidad democrática como el propio Gobierno de la comunidad autónoma y los agentes sociales y económicos que constituyen eje fundamental de la vertebración de la sociedad andaluza. Un cambio tan radical como imprescindible.

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