LA vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado en el campus de verano de la Fundación FAES, ligada al PP, que las reformas estructurales que se vienen acometiendo "no son una opción política, sino una condición indispensable para acabar con los desequilibrios que vive España". En este contexto, la vicepresidenta ha anunciado la creación de un sistema central de compras para toda la Administración del Estado, de modo que puedan negociarse todos los contratos de suministro a este nivel y conseguir precios razonables y ha concretado en 80 el número de empresas y fundaciones públicas que el Gobierno va a liquidar dentro del proceso de adelgazamiento administrativo y reducción del déficit público. Como era del todo previsible, Sáenz de Santamaría ha reclamado que comunidades autónomas y ayuntamientos realicen un esfuerzo en el mismo sentido, orientado al ahorro de recursos y la eliminación de duplicidades, que sería incluso más relevante que el estatal, ya que la inmensa mayoría de las cuatro mil empresas públicas actualmente en funcionamiento corresponden a creaciones de las corporaciones locales y los gobiernos autonómicos. Es cierto que las dos instancias aludidas ya han estado recortando sus gastos sobre la base de disolver algunas de sus sociedades creadas en los años de euforia económica, pero el esfuerzo resulta del todo insuficiente y han quedado generalmente intactas muchas empresas de ineficiencia manifiesta y elevado coste. En definitiva, se trata de conseguir una Administración más eficaz y barata para los contribuyentes, aunque ello lleve consigo la disminución del empleo público no estrictamente necesario. También se anuncia una reforma de la legislación local a fin de clarificar las competencias de los entes locales, siempre al servicio de los ciudadanos como criterio fundamental, a la vez que se aprueban baremos precisos sobre el número de concejales y sus sueldos, que no deben estar al albur de los propios interesados.