PARECE que alguien se ha empeñado en convencernos de que vivimos en un lodazal y que cualquiera, por el mero hecho de ocupar un cargo público, adquiere la categoría de presunto culpable al que, de paso, se le pone muy difícil lo de demostrar su inocencia. Lo ocurrido esta semana en Granada con la detención durante unas horas del alcalde de la ciudad es, por el momento, el último episodio de una escalada que parece no tener fin. Detención radiada y televisada en directo, registro casi de madrugada en su domicilio particular, imputación de todos los delitos tipificados que se pueden adjudicar a una decisión administrativa relacionada con el urbanismo… La cosa ha llegado a un punto que la propia Fiscalía General del Estado, que ha querido desmarcarse, le atribuye a la Policía toda la responsabilidad y proclama, para quien quiera entenderlo, que el estado de las investigaciones sobre el caso no permitía justificar una "medida tan intrusiva en los derechos fundamentales". No estamos hablando de asuntos menores, se trata de la conculcación de derechos fundamentales en un sistema de garantías constitucionales. Lógicamente, no se pretende aquí, ni mucho menos, analizar la actuación del alcalde en la investigación judicial en la que está incurso: si ha cometido alguna irregularidad, que arrostre todas las consecuencias penales y políticas que le toquen, la primera su salida del cargo al entender su partido que sus explicaciones no han sido suficientes. De lo que se trata es de llamar la atención sobre cómo las actuaciones judiciales y policiales relacionadas con la corrupción política se ha convertido es una especie de espectáculo ejemplarizante que nos retrotrae a épocas muy oscuras de la historia y cuya utilidad es más que dudosa. Es pertinente preguntarse si no hubiera sido mucho más coherente con la defensa de los derechos fundamentales que invocaba la Fiscalía llamar a declarar con discreción al alcalde de Granada y proceder con la misma discreción a los registros que correspondieran en vez de enviar furgones de policías y cortar el centro de la ciudad. Evidentemente, el alcalde ni se iba a fugar ni se iba a resistir a los registros. ¿Se buscaba algo más que titulares e imágenes impactantes?

La Justicia convertida en espectáculo tiene mucho más de lo segundo que de lo primero. Se juega con la carrera y con la fama de personas a las que muchas veces es ya imposible restituir lo arrebatado. Lo hemos visto ya demasiadas veces en casos que se eternizan sin resoluciones judiciales que pongan las cosas en su sitio. Lo hemos visto, por ejemplo, en los ERE, donde responsables políticos y altos funcionarios se han visto obligados a abandonar sus cargos hace ya años en medio del deshonor tras hacer el paseíllo por los juzgados y sin que todavía se sepa si son culpables o no. Un caso paradigmático ha sido el de la adjudicación de la explotación de las minas de Aznalcóllar: detenciones, registros, destitución de los máximos responsables administrativos de la minería, utilización política, linchamiento mediático… Al final, todo quedó en nada porque la juez tuvo que archivar las actuaciones al determinarse la absoluta ausencia de responsabilidades penales.

La corrupción es una adherencia que lastra a la democracia española desde su origen. La lucha contra este fenómeno debe ser unas de las prioridades de las autoridades políticas y judiciales, pero las investigaciones no deben eternizarse en el tiempo y la exigencia de responsabilidades ha de ser clara. La presunción de inocencia es uno de los principios básicos de nuestro sistema de garantías y muchas veces parece que lo estamos conculcando. Da la impresión de que hay interés en que la gente crea que toda la política es corrupción y que todos los políticos son delincuentes. Los que salen perdiendo con ello son, en primer lugar, los propios políticos. Pero también todos nosotros, porque estamos degradando la democracia.