LA concordia aparente que hace apenas unas semanas pusieron en escena Juan Ignacio Zoido y la Junta de Andalucía con motivo del diseño de la red de Metro ha resultado ser un regalo efímero de Navidad. El regidor hispalense y la administración regional, en este caso la Consejería de Justicia, han vuelto a cruzarse estos días reproches a raíz de la construcción de la futura Ciudad de la Justicia, un proyecto de ámbito autonómico que necesita de la colaboración municipal. El motivo de este nuevo enfrentamiento verbal es la ubicación del complejo judicial, para cuya licitación ni hay fecha ni presupuesto, factores que el alcalde ha resaltado después de que la Junta apremiara a Zoido a definir el sitio exacto donde el Consistorio desea colocar esta importante dotación pública. El litigio, sin embargo, es virtual. Impostado. Parece responder, por ambas partes, más a intereses electorales que a convicciones políticas. Porque no tiene sentido discutir lo que ya está decidido y plasmado en una normativa en vigor. El Plan General de Sevilla, todavía vigente a pesar de que el alcalde considera que es un obstáculo a su gestión, establece claramente que dicho complejo judicial deberá construirse en Los Gordales, junto al campo de la Feria. La Junta sabe perfectamente que el PGOU no ha sido modificado en este extremo y la Alcaldía incluso ya admite (en campaña electoral no lo hacía) que la idea de situar el complejo en el Prado de San Sebastián, además de no estar avalada por documento urbanístico alguno, presenta problemas notables, mucho más dado el paso de la futura línea 3 del Metro. Lo razonable es que ambas instituciones se pongan a trabajar juntas en una solución para acometer de una vez el proyecto en Los Gordales. La peregrina idea de trasladar el recinto judicial al noreste de Sevilla (Hacienda del Buen Aire), a la que el Consistorio ha llegado a prestar atención, no es viable y, además, beneficiaría a intereses particulares más que generales. Más lógica tiene que la Junta presupueste el dinero necesario y Zoido convenza al ministro Montoro para que el Estado desista del pleito existente. Juntos conseguirán más que enfrentándose.