La ciudad y los días

carlos / colón

Una ética de las prioridades

CUANDO se trata de dinero público las prioridades son una cuestión ética. Y la sanidad, junto a la educación, son las primeras. La distribución realista y responsable de los presupuestos públicos es exigible a las autoridades tengan el color político que tengan, porque se trata de un imperativo ético que todo partido democrático debe asumir. Es su obligación establecer prioridades para que las inevitables limitaciones presupuestarias afecten a cuestiones tal vez importantes, pero no vitales. Se puede prescindir de muchas cosas y recortar muchos servicios. Todo puede esperar. Pero no puede hacerlo quien precisa un medicamento costoso -caso de los enfermos de hepatitis C-, un diagnóstico o una intervención; es la propia vida la que está en juego en estas cuestiones que afectan a todos los ciudadanos y que la inmensa mayoría no puede procurarse privadamente.

Vinculadas a la cuestión de las prioridades hay otras que también tienen que ver con la ética pública: la lucha contra la corrupción institucionalizada y la evasión de capitales que ha robado y defraudado miles de millones; las prebendas de tantos políticos o gestores de entidades financieras públicas; los gastos suntuarios y megalómanos de la caprichosa arquitectura moderna del poder, los monumentos disparatados, los aeropuertos sin aviones, los palacios de congresos sin congresistas, los hospitales cerrados…

Algunos ejemplos: el puerto canario de Arinaga: 23,5 millones de euros y cuatro atraques en cinco años; las televisiones autonómicas: 925 millones y una deuda de 3.000 millones; la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia: 1.300 millones; la Ciudad de la Cultura de Santiago: 400 millones; el Centro de Artes de Alcorcón: 120 millones; las setas de Sevilla: más de 110 millones; el aeropuerto de Castellón: 150 millones; el Centro Niemeyer de Avilés: 50 millones; la Caja Mágica de Madrid: 300 millones…

Por poner dos ejemplos recientes, uno sevillano y otro nacional: el Hospital Militar traspasado a la Junta en 2004 que, tras invertirse 34,5 millones de euros en su compra y 27 en las reformas, está abandonado mientras los enfermos se apelotonan en las urgencias y las plantas de los hospitales sevillanos; y el pabellón Reyno de Navarra de Pamplona que, tras costar 60 millones de euros, está cerrado y sin uso. Que mientras esto sucede se recorte en gasto sanitario es la peor de las muchas vergüenzas nacionales.

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