EN la Sierra Norte sevillana habría mayores cotas de prosperidad y justicia social si un puñado de dirigentes socialistas no hubieran tenido la tentación de ser los nuevos caciques del lugar. No solo disponían del mando político sino que, además, se convertían en juez y parte como empresarios de nuevo cuño gracias a dinero de los contribuyentes andaluces. La anómala bicefalia como político-patrón del alcalde de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla; el de El Pedroso, Rafael Rosendo, y su hijo José Enrique, concejal, debió ser cortada de raíz por su partido, el PSOE, y por la ciudadanía. Pero ni hubo interés por parte de Chaves, Caballos y Viera, ni voluntad del vecindario. Y ahora el lodazal del escándalo de la Consejería de Empleo, con la implicación del ex alcalde de El Pedroso, Francisco Javier Guerrero, no tiene muro de contención que evite deteriorar la reputación de todo el paisanaje de la Sierra Norte.

Si la Diputación de Sevilla y el Parlamento autonómico funcionaran realmente al servicio del buen gobierno, hace muchos años que hubieran organizado un debate monográfico, con la incorporación de expertos independientes, para analizar cómo se elaboraron los planes de desarrollo en la Sierra Norte, qué uso se le dio a las subvenciones, el por qué de su calamitoso balance, qué cualificación empresarial acreditaban los receptores de esos millones, qué viabilidad tenían sus inventivas para poner en valor el corcho, el cerdo, la naturaleza, etcétera. Y lo más revelador: qué se podía haber hecho bien en la Sierra Norte con tanto dinero que se ha esfumado, de no haber convertido a la Administración pública en cortijo privado.

A ver con qué informe de gestión sobre las inversiones y el subdesarrollo de la zona se presenta un dirigente andaluz en Bruselas para pedir más millones con destino a dicha comarca. Todavía no se han depurado responsabilidades por el cúmulo de pufos, ni se han reintegrado los dineros desviados a tinglados fantasmagóricos.