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Rafael Padilla

Una extraña sentencia

EN las sociedades modernas las cosas jamás pueden ocurrir porque sí: cada infortunio, por impredecible que sea, debe encontrar su culpable; y cada desgracia -jamás vista como tal, sino siempre como un error- un alguien en el que escarmentar, y hasta consolar, el desgarro del malhadado. La noción de suerte -sobre todo la perra- no tiene sitio en los esquemas de un mundo engreído de su capacidad de control, de su dominio incontestable de las circunstancias.

Ejemplos de esa curiosa soberbia, de ese modo hiperracional y aritmético de medir y explicarse lo que nos pasa, los hay a millones y a diario. Pero hoy quiero detenerme en uno que, por sus singulares repercusiones, ha abierto un debate global.

Como ya conocerán, el magistrado italiano Marco Billi ha condenado a seis científicos, todos geólogos y sismólogos de reconocido prestigio, y al subdirector de Protección Civil de ese país, a la sazón miembros de la Comisión de Pronósticos y Prevención de Grandes Riesgos, por no haber alertado sobre el terrible terremoto de L'Aquila que, en el año 2009, causó trescientos nueve muertos, numerosísimos heridos y cuantiosos daños materiales, tanto en esa ciudad como en toda la región de los Abruzos. Les considera autores de un delito de homicidio culposo múltiple y de otro de lesiones por negligencia, imponiéndoles seis años de cárcel e indemnizaciones millonarias.

La sentencia, por supuesto todavía apelable, recoge sustancialmente la tesis del fiscal del caso, Fabio Picuti, para quien, aunque los seísmos no pueden predecirse, se produjo un grave fallo, imputable a los inculpados, en el análisis de los riesgos. De "defectuosa, inadecuada, negligente y engañosa", calificó la labor de aquéllos, lo que, según Picuti, provocó que se diera una información incorrecta y dañina para los ciudadanos.

La reacción no se ha hecho esperar. La comunidad científica internacional se ha levantado en armas contra lo que considera una decisión "absurda y peligrosa" que, como poco, pone en riesgo los esfuerzos en este campo y desanima cualquier propósito de aconsejar e informar a los gobiernos y a la opinión pública.

Sin conocer a fondo las tripas del juicio, a mí verdaderamente me extraña lo dictaminado. Si no existe método para determinar el lugar y el día de una catástrofe de este tipo, ¿qué conducta se reprocha? ¿Parece mejor fomentar, en la mayoría de las ocasiones sin fundamento, el pánico? ¿Por qué no aparecen en el sumario cuántos, por su imprevisión, tratándose de una zona históricamente de alta actividad sísmica, han construido allí sin la menor garantía? ¿Estamos ante un acto de justicia o ante una concesión populista a la calma de las masas?

Vuelvo al comienzo: tenemos que asumir, nos guste o no, que el azar conserva su inmenso poder. Y desde luego no amparar -Billi no ha resistido- demandas tan humanamente comprensibles como airadas, delirantes y descabelladas.

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