La tribuna

francisco J. Ferraro

Las extrañas unanimidades de la universidad

EN una coyuntura de moderado optimismo por las sucesivas revisiones al alza de las previsiones de crecimiento de la economía española, los analistas vienen a coincidir en que no debemos confiarnos por las perspectivas de recuperación porque seguimos manteniendo restricciones estructurales que a medio plazo limitan nuestra capacidad competitiva. Estas restricciones se encuentran en buena medida en la dotación de factores productivos y, entre ellos, en la dotación de recursos humanos. Pues, aunque tenemos un desmesurado excedente de población activa desempleada, ha aumentado el número de españoles titulados en los distintos niveles formativos, aunque la calidad de los recursos humanos y del sistema educativo no es óptima, como lo ponen de manifiesto los informes que valoran las capacidades de los españoles en los distintos niveles de edad y formación. Éste es el caso también de los universitarios y de las universidades españolas, ninguna de las cuales se encuentra entre las 200 mejores del mundo, y la mayoría se ubica en posiciones muy retrasadas en los rankings mundiales. Por ello, una reforma de la universidad para que proporcione las capacidades que una economía desarrollada requiere es una necesidad en la que existe una elevada coincidencia.

El pasado día 2 el Gobierno aprobó el Real Decreto 43/2015 con el objetivo de facilitar la internacionalización del sistema universitario español, ya que mientras que en la regulación española de 2007 se estableció que las titulaciones de Grado y Máster tendrían 240 y 60 créditos (4+1 años), en la mayoría de los países del Espacio Europeo de Educación Superior se adoptó un sistema flexible de 3+2, que es el que ahora propone la norma española.

Con esta reforma no se solucionan todos los problemas de la universidad española, pero, cuando menos, se adopta una modificación en línea con los países con un sistema universitario de mayor calidad. Por ello, sorprende el rechazo generalizado del mundo universitario y político. Así, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas "considera que no se dan las condiciones necesarias ni la oportunidad para implantar ahora un modelo distinto", por lo que acordó proponer una moratoria hasta septiembre de 2016. La respuesta política al Real Decreto ha provenido de los partidos de la oposición, de los sindicatos y de algunos gobiernos autonómicos, como la Junta de Andalucía, que puso en escena su rechazo celebrando una reunión del Consejo Andaluz de Universidades donde se calificó la reforma de "inoportuna, desgraciada y extemporánea" y un "ataque frontal" al principio de igualdad de oportunidades".

Éste es uno de los motivos más comunes de crítica al modelo 3+2, pues los que se oponen mantienen que se encarecerán los costes por estudiante, pues el precio medio de los másteres casi triplica el de los grados. Sin embargo, no todos los estudiantes tienen que hacer un máster, ya que los grados son habilitantes para ejercer una profesión; de hecho, en la actualidad solo el 20% de los graduados lo cursan, y el 100% de los graduados se ahorrarán los costes del cuarto año del grado. Además, las universidades se podrán ahorrar cerca del 25% de los costes, lo que puede destinarse a mejorar la docencia e investigación y a becar a los estudiantes de los másteres.

Otra de las críticas comunes es que se rompería la homogeneidad de las titulaciones al poder exigir una universidad tres años y otras cuatro para el mismo grado. No creo que el problema sea muy importante, pues los empleadores tienen cada vez más en consideración las capacidades de los aspirantes a un puesto de trabajo en lugar del título. Además, la falta de homogeneidad se produce con el vigente sistema, pues existen más de 1.200 títulos de grado distintos.

Otro argumento para oponerse a la reforma es que se hace de forma precipitada, pero el actual modelo se implantó en el curso 2009, por lo que en 2013 ya terminaron los primeros graduados. Además, porque tampoco es necesaria una evaluación para el objeto que se persigue, y porque no es una objeción razonable en un mundo en el que se actualizan los productos y los servicios aceleradamente para adaptarse a la necesidades sociales.

De todas formas, lo más sorprendente de la oposición a la reforma es que es voluntaria, pudiendo mantener la universidad que lo desee el modelo actual, lo que nos lleva a reflexionar sobre la gobernanza de las universidades. Como es sabido, las universidades públicas son financiadas fundamentalmente por la sociedad a través de los impuestos y tienen autonomía de gestión. Es posible que los que componen la universidad y eligen sus órganos de gobierno no sean completamente generosos y que, además de decidir y actuar en beneficio del desarrollo científico y cultural de la sociedad, puedan actuar también motivados por el interés personal o corporativo en algunas ocasiones. Para evitar estos posibles desvaríos existen los consejos sociales, que en los países anglosajones están constituidos por personalidades notables de la sociedad civil, que tienen un papel relevante en las directrices básicas de cada universidad, en su financiación y en el control académico y presupuestario. Sin embargo, en España los consejos no tienen tales capacidades y en muchos casos su composición se aleja mucho del perfil de personas notables del mundo de la empresa, la cultura o la ciencia.

En consecuencia, si bien el Real Decreto puede ayudar a mejorar la calidad y funcionalidad de las universidades, aún quedan muchas reformas pendientes, entre ellas la gobernanza y una financiación más justa e incentivadora.

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