TAN respetable debería ser pedir o exigir la dimisión de alguien en un cargo como la decisión final que el interesado adopte en cada caso. En un país y en un ámbito -el fútbol- en los que cualquiera se ve legitimado para ordenar a éste o a aquél que se vaya a la calle por su propio pie si los resultados no son los esperados y donde nadie, absolutamente nadie, se mueve de su silla por convencimiento propio, el último al que la opinión pública ha querido imponer su futuro y sus decisiones es al presidente del Sevilla. Está clarísimo que una condena judicial es un argumento infinitamente de más peso que la racha de un entrenador de fútbol, un desempeño en el que es bastante fácil escuchar a menudo que perder partidos tiene que ir acompañado de dejar, así como así, el puesto de trabajo como si fuese lo más normal del mundo.

Y no se trata de defender desde aquí lo hecho por José María del Nido en el Ayuntamiento de Marbella, ni muchísimo menos. Lo tendrá que defender él junto con sus abogados. Pero sí se puede reflexionar sobre el ejercicio de las libertades de las que disfrutamos en un país democrático como es España. Una condena, aunque sea en primera instancia, es un hecho muy grave como para plantearse muchas cosas, incluida la dimisión de un cargo como pueda ser la presidencia de un club, pero está en poder de cada individuo tomar esa decisión o no hacerlo. Del Nido, como todo hijo de vecino, está en su derecho y va a tener tiempo para comprobar si se equivoca o acierta, de ver si la mancha que pesa sobre su persona en el plano profesional afeará tanto la imagen del Sevilla que el perjuicio final al club devorará la osada decisión de no quitarse de enmedio.

Será él, y sólo él, el que tenga que dar cuentas de su error si es que la decisión no es finalmente la acertada o de hinchar el pecho si se demuestra que hizo lo correcto. La ética es un valor muy subjetivo como para usarlo en imperativo. Del Nido pierde el partido, pero tiene la prórroga para empatarlo. ¿Dejamos que la juegue o no tiene ese derecho?