EL Gobierno ha admitido ya que entre las prioridades del nuevo curso político no se encuentra la aprobación de la solución jurídica y financiera que necesitan la mayoría de los ayuntamientos españoles para salir definitivamente de la crítica situación en la que están: con un nivel de gastos creciente, en parte derivado del ejercicio de competencias que no les corresponden, en parte provocado por una política de contratación que ignoró durante años la existencia de distintos ciclos económicos; y con una notable reducción de ingresos, consecuencia tanto de la crisis global como del estallido de la burbuja inmobiliaria. Durante años, los consistorios han vivido en su mayoría de hacer caja con el urbanismo -en algunos casos , con importantes costes territoriales y medioambientales, en especial en la costa- y, tras la caída del sector de la construcción, se hallan en una coyuntura angustiosa. Hasta el punto de no tener, en algunos casos, para pagar las nóminas o asumir los mínimos gastos de funcionamiento. Que en este contexto el Ejecutivo de Zapatero vuelta a retrasar un compromiso que el PSOE lleva prometiendo desde hace tiempo no se comprende. Mucho más si se tiene en cuenta que acaba de cerrarse el acuerdo marco de financiación autonómica, que mejora la situación de las regiones. Que los municipios hayan quedado de nuevo descolgados de los sucesivos pactos para repartir los recursos públicos abona la teoría de que, pese a que la Constitución consagra a las corporaciones locales como parte esencial del Estado, no existe suficiente sensibilidad para abordar esta cuestión. El Ejecutivo, que ha usado a los ayuntamientos como vía para luchar contra el paro -Plan E-, tan sólo plantea "medidas excepcionales" para sostener a aquellos consistorios en situación más crítica. Probablemente con nuevos fondos para realizar obras extraordinarias que exigen proyectos técnicos -cuyo coste soportan las arcas locales- y que no atacan el problema de fondo. La Junta, que prometió una nueva arquitectura administrativa para delegar funciones en los consistorios, mantiene oficialmente la fecha de junio de 2010 para aprobar estas normas, aunque cabría preguntarse qué recursos piensa aportar si el marco general -la normativa estatal- no estará claro hasta un año después. Lo s ayuntamientos no pueden ni deben esperar más. Si los servicios que prestan se resienten, los únicos perjudicados serán los ciudadanos.