La tribuna

Pablo A. Fernández / Catedrático De Derecho Internacional Público De La Universidad De Sevilla

La fortuna de Gibraltar

EL pasado día 19 de diciembre tuve la ocasión de felicitar personalmente a Peter Caruana, ministro principal de Gibraltar, no sólo por haber ganado la lotería de Navidad de Gibraltar sino, sobre todo, por la sentencia pronunciada por el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea. Es evidente que el Gobierno de Gibraltar se podía sentir afortunado.

En nuestro largo encuentro pude manifestarle mi discrepancia con los fundamentos jurídicos de la sentencia ganada, por lo que espero que el Gobierno español o, mejor, la Comisión Europea, la recurra en casación para que el Tribunal de Justicia europeo pueda poner orden jurídico en algunos desatinos de la sentencia, tan beneficiosa para los intereses de Gibraltar.

Está fuera de toda duda la dimensión comunitaria europea de Gibraltar. El Acta de adhesión del Reino Unido a las Comunidades Europeas en 1973 incluyó este territorio, con algunas excepciones, al marco comunitario. Por tanto, el Derecho Comunitario le es de aplicación con las excepciones incorporadas en dicho Acta de Adhesión, excepciones que no incluyen, por cierto, los servicios financieros, que quedan sometidos al régimen general de transparencia bancaria, etc. España no impugnó esta situación tras su adhesión, en 1986.

Es verdad que quedan aún dudas sobre la condición jurídica de ciudadanos europeos de los gibraltareños, a los que el Reino Unido no termina de darles un status civitatis asimilable a la nacionalidad británica, por lo que, a pesar del caso Matthews ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 1999, que exige que los ciudadanos gibraltareños tengan el derecho de ser electores y elegibles al Parlamento Europeo, España ha hecho constar en una Declaración expresa en el nuevo Tratado de Lisboa que sólo los nacionales de los estados miembros pueden votar en las elecciones europeas, para obligar al Reino Unido a considerarlos nacionales británicos, en toda regla.

En el año 2002, Gibraltar, que tiene autonomía financiera respecto al Reino Unido, derogó su antiguo sistema fiscal y estableció tres impuestos para las sociedades mercantiles radicadas en su territorio. Un impuesto por registro, otro por número de empleados y otro por superficie ocupada, con un límite del 15% sobre de beneficios. Creo que es evidente que resulta en sí mismo discriminatorio porque favorece a las sociedades que no tienen presencia fáctica en el Peñón (un altísimo porcentaje) o aquéllas que cuenten con bajo número de empleados o las que obtengan bajos beneficios. De cualquier manera resulta discriminatorio con el sistema del mercado interior en el que Gibraltar se integra.

La Comisión, en el año 2004, consideró que dicho sistema financiero era contrario al Derecho comunitario porque suponía un régimen de ayudas estatales incompatibles con el citado mercado interior. Esto mismo ya lo intentó el País Vasco y otros muchos territorios, sin éxito.

Pero ya he dicho que Gibraltar ha tenido fortuna en esta materia. El Tribunal de Primera Instancia le ha dado la razón. Y, de momento, hay que respetar la decisión judicial que sólo puede ser contestada por el Tribunal de Justicia, en recurso de casación, por cuestiones de derecho.

No voy a entrar en el análisis de la argumentación jurídica del Tribunal de Primera Instancia ni en la que creo equivocada identificación que hace del régimen fiscal de las Azores con Gibraltar. Sólo quiero hacer una reflexión no jurídica. ¡Ojalá nuestros políticos defendieran nuestros intereses como lo defienden los de la afortunada Gibraltar!

Es verdad que la situación de Gibraltar a los españoles no les quita el sueño, mientras que a los gibraltareños, obviamente, les va todo en ello. Sin embargo, siempre he dicho que España podría arbitrar fórmulas jurídicas y políticas para que el Campo de Gibraltar sea para Gibraltar y su población un modelo, un espejo, y que todo aquello que se pueda hacer en Gibraltar se pueda hacer en su Campo. No hay mejor arma de integración que la ósmosis económica, social y política.

Pero el Campo de Gibraltar sigue esperando que haya políticos lúcidos que tengan el coraje de hacer Política de integración con mayúsculas. Mientras tanto, reitero mi ¡enhorabuena! a los gibraltareños por los réditos obtenidos.

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