EL fiasco de la comisión parlamentaria que ha investigado el fraude en las regulaciones de empleo y las ayudas a empresas en crisis gestionadas por la Junta de Andalucía no puede ser despachado como un simple incidente en el devenir de la Cámara autonómica. Era mucho lo que estaba en juego: la transparencia en la gestión del dinero de todos por parte de los gobernantes, la función de control que la Constitución y el Estatuto han residenciado en el Parlamento regional, la posibilidad real de indagar, a efectos de dilucidar las responsabilidades políticas, sobre el mayor escándalo de corrupción acaecido a la sombra del poder en la comunidad autónoma andaluza... No exageramos nada si afirmamos que todas estas expectativas han sido defraudadas y, lo que es peor, no por la imposición de unos grupos parlamentarios sobre otros, sino por la actuación de los tres actualmente representados en la cámara legislativa. Ninguno puede eludir su responsabilidad en el fracaso de la comisión. Era, ya se ha subrayado, la primera comisión parlamentaria de investigación creada en Andalucía en diecisiete años, porque el partido que ha sido mayoritario en todo este tiempo (el PSOE) no ha aceptado jamás someter su gestión en el Gobierno andaluz al escrutinio de una comisión de este tipo. Una vez forzado por sus socios de coalición (IU), la comisión pudo realizar su trabajo durante cinco meses con aparente esfuerzo y seriedad y se lograron testimonios, documentos y análisis que daban a entender que los comisionados iban a alcanzar unas conclusiones válidas en dos aspectos: como diagnóstico de lo ocurrido con cientos de millones de euros procedentes de las arcas públicas malversados por una trama corrupta durante diez años y como tratamiento preventivo a nivel administrativo y político para evitar su repetición. Era un espejismo. A la hora de la verdad, los partidos mantuvieron sus prejuicios y posiciones iniciales, maximalistas y sectarias, y fueron incapaces de ofrecer siquiera a los ciudadanos un relato coherente de lo sucedido. Una comisión investigadora que no sirvió ni para aprobar un dictamen sobre el caso. Un fracaso que, como dijo su frustrado presidente, compromete la credibilidad de la institución autonómica más relevante.