LAS encuestas de opinión ponen de manifiesto un deslizamiento de la percepción de la crisis por los españoles. Desde el año 2008 la inmensa mayoría tenían conciencia del deterioro de la situación económica, pero por lo general se mostraban bastante satisfechos con la vida que llevaban. Las últimas encuestas del CIS, por el contrario, ponen de relieve que los problemas asociados a la crisis afectan personalmente a la mayoría de los españoles. Estos cinco años de crisis han sido de deterioro acumulativo de la calidad de vida y, como nadie acepta de buen grado perder su trabajo o su empresa, o reducir su patrimonio, sus beneficios o su pensión, ni tampoco reformas que modifiquen su statu quo, estas percepciones sensibles y sus efectos se anteponen a una explicación racional de la crisis. Percepción emocional que se alimenta también de los agravios comparativos, de las injusticias sociales, del deterioro de los servicios públicos, de los frecuentes casos de corrupción, de los abusos de los poderosos o del rechazo a la clase política.

Este malestar social está alimentando una explicación de las causas de nuestras males que está adquiriendo un amplio predicamento en la opinión pública: la culpable del deterioro es la política de austeridad y reformas que está reduciendo el consumo y la inversión en un momento en el que los poderes públicos deberían adoptar políticas anticíclicas de estímulo a la demanda y el empleo.

También la mayoría de los economistas compartimos que el calendario de consolidación fiscal impuesto por Alemania no es razonable en una fase de recesión económica, por lo que es imprescindible aumentar los plazos para la reducción del déficit público. Pero, 1) La posibilidad que se acuerde un alargamiento de los plazos es escasa mientras que no se celebren las elecciones en Alemania y el Gobierno español demuestre que se puede confiar en los compromisos adquiridos, 2) En el mejor de los supuestos imaginables un retraso en los objetivos de déficit público podría afectar al déficit cíclico, pero no al estructural, lo que exige seguir aplicando políticas de austeridad, y 3) En cualquier caso, es imprescindible reducir el endeudamiento de las familias, las empresas y las administraciones públicas para recuperar la confianza externa, para que sea soportable el peso del servicio de la deuda y para que vuelva a fluir el crédito a tipos de interés razonable.

Además de las políticas de austeridad, la continuidad de las políticas de reformas estructurales también son imprescindibles para recuperar la competitividad perdida. En los últimos meses se han producido mejoras en la competitividad-precio por la reducción de los costes, lo que está permitiendo un notable comportamiento de las exportaciones, pero España no recuperará la posición económica que tenía antes de la crisis si no se produce una mejora de la competitividad estructural basada en más innovación (tecnológica, organizativa, de diseño, comercial,...) y en el fortalecimiento y cualificación del capital humano y físico. La mejora de la capacidad competitiva estructural es un proceso lento en el tiempo y exige en el presente cambios de actitud de los agentes económicos y un marco institucional más ágil y eficiente.

Desgraciadamente la reacción ante la crisis se demoró en exceso. Los gobiernos no se decidieron a pinchar la burbuja inmobiliaria por los réditos políticos en términos de crecimiento del empleo y de los ingresos públicos. Cuando llegó la crisis se tardó bastante tiempo en aceptarla. Posteriormente su diagnóstico fue benevolente, y las políticas adoptadas fueron en muchos casos contraproducentes. Cuando se adoptan decisiones más coherentes (mayo de 2010) la oposición las criticó. Cuando el nuevo Gobierno profundizó en las medidas de ajustes y reformas la nueva oposición las criticó igualmente... Ahora todos compartimos que "vivimos por encima de nuestras posibilidades", pero resulta más duro trasladar esa expresión al terreno de los hechos y asumir que "tenemos que vivir según nuestras posibilidades". Y nuestras posibilidades se concretan en que somos más pobres, estamos muy endeudados y tenemos que mejorar nuestra competitividad.

En consecuencia, lo pertinente es realizar los ajustes y reformas necesarios, pero tenemos el riesgo de que la frustración social eclosione. La denostada clase política tiene la oportunidad de mostrar su altura de miras colaborando en el diseño de las políticas necesarias, y el Gobierno en particular haciendo más explícita la agenda de ajustes y reformas, para que se visualice que los costes se reparten en la sociedad de forma generalizada, aunque algunos colectivos los sufren con mayor intensidad. Igualmente, se requiere mayor tino en el diseño y ejecución de los ajustes, pues el rechazo en sectores como la sanidad y la educación pública se debe en mayor medida a la forma en cómo se han abordado que al propio ajuste.