ESPIAMOS porque todos espían y si algunos derechos resultan violados, pues habrá que aguantarse. El supremo objetivo de la seguridad nacional obliga a aceptar el daño, por supuesto no intencionado, del fuego amigo de la guerra del Vietnam o los daños colaterales en la del Golfo y la de Irak y de los drones, los aviones no tripulados en el norte de Pakistán. De esta manera se justifica el incumplimiento excepcional de las leyes por parte de instancias gubernamentales, es decir, la violación temporal del estado de derecho, aunque con el agravante, en el caso del espionaje, de que las instituciones violadoras de la legalidad pertenecen a un gobierno extranjero y la seguridad que proclaman defender no es la nuestra sino la suya.

Corresponde al Estado defender a los ciudadanos de la agresión, no sólo por cuestiones de dignidad o soberanía, sino también por el grave problema de indefensión e inseguridad jurídica que plantea el tráfico incontrolado de información sensible para la economía. Decenas de millones de conexiones telefónicas y correos electrónicos que afectan al conjunto de la población, pero especialmente a las personas e instituciones más influyentes del país. Se sabe que toda esta información existe, pero se desconoce dónde se almacena y como se utiliza. Es bien conocido que las empresas españolas de ingeniería civil y obras públicas se encuentran entre las más importantes del mundo, compitiendo con éxito en los principales proyectos internacionales de obra civil. Las redes de comunicación proporcionan una herramienta imprescindible por la que permanentemente circula información estratégica y decisiva, no sólo para el éxito o el fracaso en un concurso, sino para encabezar o quedar excluido de una operación que permite permanecer en la frontera del conocimiento o de una tecnología concreta. La cuestión es que si quienes gestionan la información derivada del espionaje tienen la misma consistencia ética que los argumentos proporcionados por la administración norteamericana en sus explicaciones o que el silencio de su embajador en Madrid, así como un concepto similar de lo que entienden por defensa de los intereses norteamericanos en el mundo, entonces quizás resulte pertinente analizar las condiciones en que se están produciendo algunas inversiones norteamericanas en España. Entre ellas algunas tan mediáticas como la de Bill Gates en FCC o la de Sheldon Adelson en Eurovegas, pero también otras muchas, como la compra en estos días de la envasadora Mivisa por parte de la norteamericana Crown Holdings, a cambio de 1.200 millones de euros.

Incluso el compromiso euro-norteamericano de avanzar hacia la creación de una zona de libre comercio en el Atlántico norte debería quedar en entredicho si las explicaciones acerca del uso de la información resultante del espionaje no resultan satisfactorias. Entre las consecuencias probables de cualquier proceso de integración económica, y el desmantelamiento de las barreras al comercio es uno de ellos, está el aumento de las fusiones empresariales y las alianzas estratégicas de carácter comercial, financiero, tecnológico, o de cualquier otra naturaleza, en cuya materialización el tráfico de información sensible puede tener una influencia decisiva.

En todo caso, los norteamericanos son perfectamente conscientes de las nefastas consecuencias del uso de la información privilegiada, de manera que a finales del pasado siglo endurecieron los términos de lo que denominan "transparencia selectiva", es decir, de la difusión de información financiera relevante a los analistas e inversores institucionales. El objetivo es perseguir la utilización de la información privilegiada en beneficio propio, pero sobre todo evitar los perjuicios sobre los desinformados y la tentación para la manipulación de los mercados y la conversión en beneficio propio de las pérdidas ajenas. Por ejemplo, las operaciones front running, de las que podría beneficiarse un agente cuando recibe órdenes de sus clientes que pueden alterar la cotización de un título. Europa ha sido tradicionalmente más tolerante, en incluso indolente, aunque también desde finales del pasado siglo decidió impulsar un código común de comportamiento y una legislación específica al respecto.

En el caso de España, la conocida como Ley Financiera de 2002 precisó el concepto de información privilegiada, estableciendo que la información generada en la fase de secreto, es decir, durante la elaboración de planes, estudios y estrategias, debe quedar limitada al menor número de personas posibles, a la que hay que exigirles compromiso de discreción y que, si a pesar de ello, se produjeran filtraciones, las empresas están obligadas a confirmar o desmentir de inmediato cualquier rumor o sospecha. En cualquier caso, la CNMV aconseja explícitamente a los inversores basar sus decisiones en hechos ciertos y nunca en noticias y rumores, pero también recuerda que sigue siendo ilegal realizar operaciones de valores utilizando información privilegiada o que no se encuentre al alcance de todos. El problema es conseguir evitarlo cuando la tecnología, los mercados no organizados y la posibilidad de fragmentar operaciones en diferentes mercados simultáneamente, pensemos, por ejemplo en el caso de Gibraltar, levantan obstáculos que resultan tan difíciles de flanquear.