SABÍAMOS que a Mariano Rajoy le gusta dejar que las tensiones se vayan disolviendo con el mero paso del tiempo, comparecer lo menos posible en el Parlamento y dirigirse a los periodistas vía televisión para rehuir preguntas molestas. Ahora también conocemos su afición a gobernar a base de decretos, una veces convalidándolos como leyes gracias a una mayoría absoluta bien disciplinada, y otras veces ni eso.

Mi colega Luis Ángel Sanz ha puesto números precisos a esta afición decretista. Contabiliza que tras dieciséis meses de mandato Rajoy ya es el primer presidente de la democracia que ha impulsado más decretos (36) que proyectos de ley (25). Nunca se había producido este desequilibrio en el uso de los procedimientos normativos: ni Suárez, ni Calvo-Sotelo, ni González, ni Aznar ni Zapatero aprobaron más decretos que leyes.

La diferencia es fundamental. Los proyectos de ley hay que debatirlos sucesivamente en ponencia, comisión y pleno del Parlamento, lo que permite a la oposición meter baza y proponer enmiendas (que, en ocasiones, incluso se aprueban). Los decretos, en cambio, se confirman o rechazan directamente en las sesiones plenarias de los jueves después de un solo debate que raramente dura más de una hora. Y no necesitan pasar por el Senado para la segunda lectura que complementa los proyectos legislativos.

Entendámonos: decretos y leyes son dos mecanismos plenamente democráticos consagrados por la Constitución, pero su mayor o menos utilización dice mucho del talante de un gobernante. Es más, la propia Constitución señala de modo explícito que los decretos sólo pueden dictarse "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" y prohíbe expresamente que su contenido se refiera a los derechos y libertades regulados en el Título Primero del texto constitucional, algo así como el núcleo duro del sistema democrático. ¿Cumplen estos requisitos decretos de Rajoy como los que han reformado el sistema de jubilación o han implantado las tasas judiciales? Yo creo que no.

Rajoy está batiendo el récord de la gobernación por decreto que ningunea al Parlamento en el que reside la soberanía nacional. Cierto que Adolfo Suárez decretó más en su primera legislatura (1977-79). Pero, oigan, ocurre que entonces se estaba desmontando el Estado franquista y había extraordinaria y urgente necesidad de casi todo. Ahora no la hay.