la esquina

José Aguilar

Hay que hacer algo ya con los desahucios

RAJOY aceptó el miércoles estudiar las propuestas de Rubalcaba sobre un problema social cuya gravedad y urgencia no admite dilaciones ni desacuerdos partidistas: los desahucios. Un drama y una auténtica emergencia nacional.

El Gobierno aprobó hace seis meses un Código de Buenas Prácticas a aplicar por los bancos. Ha bastado este medio año para demostrar que es completamente insuficiente. Los datos oficiales indican que este código ha permitido evitar unos seiscientos desahucios, pero es que en ese tiempo se han ejecutado decenas de miles. Ha sido un parche.

Lo ha sido fundamentalmente porque se trata de una normativa blandengue, que solamente obliga a las entidades financieras que se adhieran a la misma con carácter voluntario. Lo malo es que el Ejecutivo, según han indicado los ministerios de Hacienda y Justicia, no se propone cambiarla por una reforma legal imperativa, sino ampliar el pacto con la banca. Se trataría de modificar el umbral de ingresos mínimos por debajo de los cuales los bancos han de flexibilizar la ejecución del desahucio, aplicar la dación en pago (quedarse con la casa a cambio de cancelar la hipoteca pendiente) o permitir que los desprovistos de la propiedad puedan permanecer en la vivienda a cambio de un módico alquiler. Esto último es lo que acaban de conseguir, después de diez días de acampada ante la sede de Bankia, en Madrid, cuatro inmigrantes sin recursos apara afrontar sus deudas.

Pero, insisto, ha sido a costa de pelearlo en la calle y gracias a que el banco se haya adherido al Código de Buenas Prácticas. No es eso lo que se necesita. Lo que se necesita es un cambio legislativo que dé fuerza a los que no la tienen y obligue a los que la tienen de sobra. Lleva razón Rubalcaba cuando recuerda que los bancos españoles reciben dinero del Banco Central Europeo al 0% de interés y con un plazo de carencia de tres años. ¿Por qué no se impone a los bancos que ellos den a sus clientes en dificultades un tratamiento semejante al que ellos reciben? Más aún, ¿es aceptable moral, política y jurídicamente que la banca haya recibido sesenta mil millones de euros del dinero de los contribuyentes para recapitalizarse y que no haya nada para los estafados de las acciones preferentes ni para los que sufren el drama de que los desahucien? Hasta los jueces y fiscales han denunciado los movimientos especulativos que el sector financiero continúa protagonizando al respecto.

Lo que más perjudica a la cohesión social no es la existencia de un amplio colectivo empobrecido hasta la marginación como consecuencia de la crisis, sino la constatación de que los sacrificios están mal repartidos. Es la política la que tiene que arreglar esto.

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