YA conocen la copla, pero La bien pagá son ahora los mercados financieros, aunque, al contrario de lo que dice la letra -ná te debo, ná te pío-, mucho les debemos porque mucho les hemos pedido. Tanto como para que hayamos tenido que asignar inicialmente 27.400 millones de euros para el servicio de la deuda en el presupuesto del Estado de 2011, cifra próxima a las prestaciones por desempleo: 30.474 millones.

Nuestro problema presupuestario no se puede solucionar relajando los plazos de cumplimiento de los límites del déficit público o haciendo reducciones no sustantivas en el gasto público y mucho menos tachando de insaciables a los mercados financieros o acusando de irresponsables a las agencias de rating. Aunque lo hayan sido. Tampoco debemos perder el tiempo en una discusión sobre la prevalencia entre la política y los mercados; algo en realidad bastante estéril y que no se le ocurrió aducir al emperador Carlos V o a la Hacienda de la I República cuando tuvieron que hacer frente a situaciones críticas. El primero pudo ir pagando con el arriendo de los criaderos de Almadén y las remesas americanas de metales preciosos, mientras que la Hacienda de la República logró sobrevivir con la venta de los criaderos de Riotinto. Ahora tenemos otros activos materiales (empresas y bienes públicos) e inmateriales (servicios con prestación pública) que podrían ser utilizados, pero no va a ser fácil enajenarlos o concesionarios.

El problema financiero no se va a resolver con actuaciones que no proporcionen un resultado efectivo casi inmediato, aunque sirvan para dar confianza en nuestra capacidad de repago futuro de la deuda, como ha sido la reforma del sistema público de pensiones o lo será la limitación de los déficit autonómicos. Ni tampoco las reducciones estructurales en algunos rubros de gasto serán suficientes para asegurar el sostenimiento futuro de un Estado de bienestar absolutamente impagable, en la doble acepción del término y justo en el orden en que el DRAE expone su significado.

La generación de nuevos ingresos permanentes requiere una ampliación de la base fiscal que sólo tendrá lugar si logramos crecer y reducir el desempleo, pero las estimaciones del FMI auguran una recesión prolongada. Por ello el Gobierno de España ha acudido a medidas inmediatas: un gravamen temporal en el IRPF -esperemos que así sea, porque el esfuerzo fiscal es ya insoportable- y una elevación del IBI, un ingreso recurrente para los ayuntamientos, amén de la contención del gasto público estatal y autonómico.

Pero aun así no es probable que alcancemos la suficiencia presupuestaria, por lo que desde mi punto de vista, habría que actuar decididamente en dos frentes: desvelar la economía sumergida y movilizar el dinero oculto. La primera, al margen de las actividades delincuenciales y de la voluntad de evasión, tiene algunas causas sobre las que el Estado puede actuar. Una de ellas es el coste de cumplimiento con una regulación laboral defectuosa porque introduce sobrecostes desproporcionados en relación con el valor del trabajo realizado y porque limita sobremanera la libertad de acuerdo sobre las condiciones de trabajo -tiempo y salario- entre el empleador y el empleado. La reforma laboral debería contemplar estos extremos. Una segunda causa que incentiva la economía sumergida es el sistema de tributación por módulos, absolutamente anacrónico, y que mueve a no facturar debidamente parte de los bienes o servicios prestados para permanecer dentro del módulo conveniente. Esta no facturación se traslada aguas arriba a los proveedores, que han de recibir un pago en B, aunque no lo deseen, y mantener la apariencia de un volumen de actividad (número de empleados correctamente contratados, por ejemplo, o adquisición de materiales) acorde con su cifra oficial de ingresos. La tributación por módulos ya no se justifica por razones de simplicidad contable y eficacia tributaria, y debería ser transformada en tributación convencional, quizá con un período transitorio con un impacto progresivo.

Alternativamente, podríamos legalizar y someter a una fuerte imposición el uso recreativo del cannabis, un cultivo indudablemente ecológico y con gran valor añadido, pero me temo que esto no sería bien visto.

El segundo frente hace a la movilización del dinero evadido que puede ser conducido hacia la financiación de inversiones. No se trata de repetir la amnistía fiscal de los años ochenta, pero tenemos que poner en funcionamiento esos recursos y no podemos esperar a que la inspección tributaria sea capaz de encontrarlos, si lo logra. Aun a riesgo de cometer una osadía creo que se podrían constituir depósitos bancarios especiales representados con un título al portador. Tendrían una penalización preestablecida en el momento de la devolución, por ejemplo un 20% o 25% del principal, y el plazo podría ser variable. Cabría la posibilidad de rescate anticipado, a cambio de una mayor penalización y, desde luego, lo títulos serían transmisibles.

La finalidad exclusiva de estos depósitos especiales, vigilada por el Banco de España, debería ser, como sugiero, la financiación de nuevas inversiones, preferiblemente industriales y orientadas a la exportación, así como la refinanciación de inversiones productivas no inmobiliarias y de difícil recuperación en el entorno actual de los negocios. El tipo de interés debe ser fijo y el beneficio para el Estado provendrá por vía directa de la apropiación de una parte de los intereses devengados por los créditos concedidos y por vía indirecta de los impuestos derivados de las nuevas inversiones y actividades. La parte restante de los intereses remunerará los costes incurridos por la entidad financiera y le proporcionará un beneficio razonable. Estaremos además haciendo lo que es debido: ajustar los plazos entre los préstamos y los depósitos que los financian, y no el arbitraje entre los mercados de largo y corto plazo con los que se ha financiado la expansión inmobiliaria.

Me temo que no hay muchos otros caminos para financiar inversiones productivas en el entorno financiero actual y una de las condiciones necesarias para la salida de la crisis es eliminar malas inversiones e invertir de nuevo con mejor criterio, porque no será suficiente con equilibrar las cuentas públicas o lograr elevar el consumo interno o exterior. Los austríacos siguen teniendo razón y no sólo por haber escrito en alemán.