SI tenemos por cierta la sentencia clásica que sostiene que el hombre es esclavo de sus propias palabras y, al mismo tiempo, dueño de sus particulares silencios, convendremos en que la única defensa real ante nosotros mismos es mantener la boca cerrada. Es la mejor manera de que a uno no lo cojan en una irremediable contradicción. Extraña que este consejo, tan sabio, no se aplique con demasiado interés en la vida política sevillana, donde el cúmulo de contradicciones, autodesmentidos e incoherencias es tal que casi podríamos hacer, a la manera de Ciorán, un verdadero breviario de podredumbre política basado en las mentiras a la hispalense manera, que es amplia y, por lo que se ve, extensa. Casi un oficio.

En Sevilla hablar sin mesura, e incluso sin mucho fundamento, no es que salga gratis, sino que incluso permite a determinados personajes lograr singulares recompensas que no siempre, en realidad casi nunca, se corresponden con su propio esfuerzo; la única razón, en mi opinión, por la que debería avanzarse en la vida, más allá de los habituales linajes, las influencias y eso que -ahora- se llaman contactos; conceptos todos ellos contrarios al hermoso e ilustrado espíritu de la meritocracia.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado esta semana con honda satisfacción en una entrevista radiofónica que a finales de mes terminan por fin las obras del Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes), el complejo que la ciudad necesita desde hace más de una década para dar un salto de escala en la captación de eventos turísticos. En mitad del océano diario de desgracias, parece que estamos ante una buena noticia. Aunque, quizás, también nos encontremos delante de una nueva contradicción en el discurso político del gobierno municipal. Ambos términos no son necesariamente incompatibles.

En realidad, la fecha de finales de junio no es una novedad: a las tres empresas constructoras ya se les dijo al pagarles el último plazo (más de siete millones de euros) que si no terminaban la obra el 30 de junio serían penalizadas con la imposición de una multa millonaria. Es una cuestión básica que se recoje en los pliegos que regulan la mayoría de las contrataciones públicas, de las que vamos a dejar de hablar durante mucho tiempo dada la actual situación de crisis.

¿Cuál es entonces la novedad en Fibes? Fundamentalmente, el propio edificio, cuya calidad arquitectónica es mayúscula. Cuando Monteseirín intentó improvisar una precipitada inauguración antes de abandonar la Alcaldía con el fin de no dejar nada por estrenar a su hipotético sucesor -fuera Zoido o Espadas-, todavía no se percibía del todo su envergadura. Ahora, después de que dentro de unas semanas terminen los últimos trabajos pendientes, el resultado es a todas luces extraordinario. Vázquez Consuegra roza la perfección con este proyecto a pesar incluso de todas las dificultades que han acompañado a esta extrañísima obra.

La ejecución del nuevo Palacio de Congresos nunca fue un ejemplo de rigurosidad administrativa. Una responsabilidad que corresponde imputar más al promotor -el anterior gobierno local- que al padre de la criatura, que ya advirtió antes de la contratación que el edificio terminaría costando mucho más del precio oficial de salida que -inexplicablemente; o quizás no tanto- fijó el Consistorio. Así lo corroboraron incluso las consultoras externas a las que recurrió el Ayuntamiento.

Todo fue anómalo casi desde el origen. Por eso es llamativo que, aunque sea a un coste importante, y con retraso, el nuevo Fibes haya terminado tan bien, todo lo contrario a otros proyectos, como el Parasol de la Encarnación. Desde el singular método jurídico para contratar el edificio -una encomienda legal a favor de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda-, al sistema de ejecución elegido, confiado a un consorcio de tres empresas distintas que dijeron que podrían construir por 65 millones de euros lo que el arquitecto advertía que costaría 90 millones, todo abocaba al conflicto. La dirección misma del proyecto se dividió en compartimentos estancos: la responsabilidad arquitectónica, por un lado; la ingeniería; por otro; y la ejecución material, por otro. Se intuían problemas de plazo y coste. Y el posterior sinfín de reformados sobrevenidos por la estrategia de las constructoras de recuperar en la obra -con el contrato ya en cartera- un presupuesto que no fue nunca el del concurso. Que con todos estos condicionantes Vázquez Consuegra haya hecho lo que ha hecho, sin las ataduras que, por ejemplo, tuvo en San Telmo, donde el elemento patrimonial marcó su trabajo, sólo puede deberse al talento o a un milagro, más que a la versión oficial del actual Consistorio, que incide estos días en resaltar la desconcertante habilidad del presente alcalde para llegar y desbloquear con inusitada eficacia suiza cualquier proyecto que se le ponga delante.

Rara vez las cosas son tan simples, aunque sospecho que el trazo excesivamente grueso de este relato es propio de quien escribe los renglones torcidos por los que discurre el sendero que ha elegido el regidor. ¿Si la herencia anterior es la excusa recurrente de su magro balance de gobierno cómo se explica que ahora se adjudique el tanto de una obra ajena? La herencia, tan denostada, va camino de ser el único futuro -probablemente imperfecto- del gobierno local. De momento, no se vislumbra otro.

Es indiscutible, porque hablamos de un hecho, que la conclusión del Palacio de Congresos es un aliento de esperanza en un momento económico grave. Si el turismo sevillano quiere seguir siendo la única industria local debía contar con un recinto capaz de jugar en una división distinta en el mercado de congresos. Sevilla nunca ha albergado, dadas sus dotaciones, ni una cuarta parte de las mayores reuniones profesionales españolas. En el ámbito europeo todavía era peor: un 75% de estos congresos jamás han venido al Sur. El Fibes de Vázquez Consuegra soluciona esta cuestión, aunque su éxito dependerá de que el Consistorio sea capaz de sacar rendimiento a unas instalaciones que nos permiten jugar -esta vez sin retórica ni exageración- en la misma liga que grandes capitales europeas. La idea de los actuales gestores de Fibes de mantener sus instalaciones en el antiguo recinto y abrir sólo parte del nuevo palacio con el argumento de la austeridad inducen a pensar que quizás el gobierno local no es consciente de la gran potencialidad del auditorio congresual.

El proyecto ha salido caro. Aunque pongamos las cosas en su contexto: en comparación con otros recintos congresuales, de menor tamaño y presupuesto inicial similar, no tanto. Al menos, en términos relativos. A quienes focalizan todo el análisis en el coste definitivo del proyecto congresual acaso habría que recordarles que la pérdida de beneficios que ha sufrido Sevilla por no contar antes con un palacio de congresos adecuado se calculó en 40 millones de euros al año. Cifra notable. También se olvida que es una iniciativa pública. Y no por elección, sino por exclusión. Los empresarios del sector turístico sevillano jamás quisieron participar en el proyecto porque aspiraban a un palacio de congresos en el centro, aunque probablemente sí aprovechen ahora su actividad. Sería deseable que esta anómala participación sobrevenida, financiada, como siempre, con el dinero de todos, tuviera cierta contraprestación social en términos de empleo. Es lo mínimo.