Editorial

Ante la huelga

LA mayor parte de los españoles ha sufrido durante este último año la extraordinaria subida del precio del gasóleo, calculada en un 35%. Sectores económicos como el de la pesca o el del transporte son especialmente sensibles a este incremento, aunque también hay otro tipo de profesionales que hacen lo que pueden para encajar este problema importado de una situación económica mundial. Ante la huelga de transportistas que comenzó anoche, es preciso subrayar que el margen de maniobra del Gobierno para abaratar los precios es escaso. Los combustibles se gravan en la Unión Europea con impuestos especiales y el IVA. En el caso del gasoil y de los especiales, España aplica el mínimo, que es de 302 euros por cada 1.000 litros. En Alemania, por ejemplo, es de 655 euros, en Francia, de 606 y en Italia, de 564. Respecto al IVA, España grava con el 16%, un punto por encima del mínimo. Por ello, la principal asociación del transporte, la mayoritaria CETM, no acude a la huelga, aunque el apoyo de patronales más pequeñas y de los autónomos la harán efectiva. Quieren que el Gobierno incluya una cláusula de revisión de los precios, de modo que puedan repercutir subidas como la de estos meses en los portes, y que se fije una tarifa mínima por trabajo, ya que, según denuncian, hay prácticas de dumping. El director general de Transportes por Carretera, Juan Miguel Sánchez, anunció ayer que el Gobierno está dispuesto a introducir cláusulas en caso de fuertes subidas (el 70% de los contratos se revisan de modo anual, de modo que no pueden encajar estos repuntes instantáneos) y adelantó otras "medidas potentes", unas propuestas que, de momento, han sido rechazadas por los convocantes por escasas. Los transportistas tienen el derecho de ejercer la huelga, pero el prólogo del pasado fin de semana indica que, al menos algunos, quieren ir mucho más allá. La Plataforma Nacional del Transporte por Carretera ha anunciado el bloqueo de refinerías, carreteras y otros puntos estratégicos, por lo que no sólo perjudicarán a quienes en su sector no quieren ir a la huelga, sino que además intentan paralizar un país, un extremo que el Gobierno debe impedir.

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