LA imputación del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, por presuntos delitos de desvío de fondos públicos y evasión fiscal, decretada ayer por el juez de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, hace entrar en una nueva fase jurídica el caso que más ha dañado la imagen de la monarquía en España. Por un lado, al levantarse el secreto del sumario y ser citado a declarar en el juzgado el día 6 de febrero, el duque de Palma está en condiciones de conocer en detalle las imputaciones concretas que se le hacen y defender su inocencia, como ha adelantado el abogado al que ha encomendado sus intereses. Por otro, los 2.700 folios de la investigación judicial, que cabe calificar como exhaustiva en el asunto hasta ahora indagado, contienen notables indicios y material probatorio de una conducta irregular y supuestamente delictiva, facilitada por el parentesco de Urdangarín con el jefe del Estado. La noticia la había "comentado" preventivamente don Juan Carlos, al subrayar en su discurso navideño que todos los españoles son iguales ante la ley y reiterar el deber de ejemplaridad y honradez de todas las instituciones y los cargos públicos. Previamente, la Casa Real ya había adoptado medidas congruentes con estos principios: consideró públicamente no ejemplar la conducta de Iñaki Urdangarín, le apartó de la agenda institucional de la Familia y, por su parte, decidió hacer públicas las cuentas de la Jefatura del Estado correspondientes a 2011, en un gesto que habrá de convertirse en habitual y que las propias leyes deberían regular en la presente legislatura. Así pues, los tribunales dilucidarán en el futuro el grado de inocencia o culpabilidad del esposo de la infanta Cristina en el caso que nos ocupa, pero su falta de ejemplaridad ha sido asumida abiertamente por la Corona, que debe quedar a salvo de las consecuencias de una actuación de la que ha sido pretexto y no causa. Ni que decir tiene que la actitud del Rey ha servido para la consolidación y reforzamiento social de la institución.