LA Constitución proclama que España se constituye en un Estado de Derecho en el que tanto los poderes públicos como los ciudadanos están sujetos al ordenamiento jurídico. Y desde ese ordenamiento jurídico, en concreto desde el Juzgado de Primera Instancia Número 24 de Sevilla, se dictó ayer la orden de desalojo del denominado centro social de Casas Viejas, que llevaba ocupado de forma irregular desde hace cinco años por un colectivo antisistema, el cual ha opuesto una resistencia numantina a la orden judicial, como prueba el anclaje de varios de sus componentes a los muros de un zulo excavado en su interior y protegido por una puerta blindada. No era la primera vez que se instaba al desalojo del inmueble, frustrado debido al boicot desde otras instancias, y la Justicia hasta dio un plazo para que se realizara de forma voluntaria antes del pasado 5 de octubre, sin resultado alguno. Así pues, al juez no le han dejado otra opción que ordenar el envío de la Fuerza Pública para garantizar el imperio de la ley, por más que los okupas quieran presentarse ante la opinión pública como víctimas de una supuesta represión policial. Este caso es muy diferente al de la Casa del Pumarejo, donde los resistentes eran vecinos tradicionales del barrio y estaban respaldados por un amplio movimiento social. En la calle Aniceto Sáez, por el contrario, se ha producido la ocupación de un inmueble ruinoso y de las naves anexas (el denominado centro cultural Casas Viejas) por colectivos de otro perfil que aprovecharon la circunstancia de que el edificio se había quedado vacío en espera de nuevos usos conforme a la licencia (en principio, rehabilitación para un equipamiento social y viviendas) solicitada por la propiedad. La realización de las actividades en la nave no era más que la coartada para seguir ocupando sine díe, sin contraprestación alguna, las viviendas contiguas. Más que hablar de programación cultural, cabe decir que celebraban actos alternativos que suscitaban las protestas de muchos vecinos por las molestias que causaban. Consumado el desalojo, hay vía libre para que, previo acuerdo entre el Ayuntamiento y la propiedad, se cumplan inmediatamente las disposiciones del PGOU de aprovechar el suelo para crear en esa zona de la Macarena dotaciones sociales que beneficien a todo un barrio y no sólo a un minoritario colectivo de okupas.