SI un acuerdo a última hora no lo impide, los sevillanos volverán a ser tomados como inocentes rehenes en la guerra -otra más de las que tradicionalmente declaran cuando se acerca la Semana Santa y/o la Feria- desatada por el comité de empresa de Tussam contra la dirección de la compañía al convocar una huelga para mañana viernes y la semana de la Feria de Abril. Motivos menores aparte, la razón básica del conflicto es la pretensión sindical de que se levanten los expedientes sancionadores incoados tras el último conflicto laboral contra ocho empleados que fueron identificados por la Policía como autores del apedreamiento que se saldó con la rotura de las lunas de unos 200 autobuses. Aunque la Justicia no ha procedido penalmente contra ellos por la dificultad de discernir la responsabilidad de cada uno en el daño causado, el acta policial ya constituye un motivo de especial gravedad que no puede ser ignorado, como pretenden los sindicalistas. Sorprende que quienes dicen representar a los trabajadores traten, con esta medida de fuerza que supone una huelga que pagarán los sevillanos más débiles (los trabajadores que necesitan el transporte público para acudir a sus empleos por falta de medios propios de locomoción), traten de amparar a quienes han recurrido a la violencia para sabotear la flota de autobuses que todos mantenemos con nuestros impuestos. Lo lógico habría sido una reacción similar a la que tuvieron los aficionados del Betis al inmovilizar de inmediato al autor del botellazo contra el portero del Athletic: que el comité de empresa de Tussam se hubiera alineado con la Dirección para expulsar o sancionar ejemplarmente a quienes, lanzando piedras, no sólo destrozaron lunas y carrocerías, sino que también pusieron en peligro la integridad física de sus compañeros que cumplían los servicios mínimos decretados. La violencia no puede salir gratis. Los sevillanos, aunque sufran mañana las molestias de la huelga, deben respaldar la firme postura del alcalde de no ceder al chantaje de los huelguistas y reprobar su actitud por tratar de imponer un inadmisible derecho a la impunidad.