E L Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha sido de nuevo noticia esta semana por motivos desgraciadamente ajenos a lo que debía ser su actuación institucional. La polémica sobre los supuestos gastos efectuados con dinero público por alguno de sus componentes es un capítulo más de las guerras internas que desembocaron el pasado mes de mayo en la dimisión de su primer, y por ahora único, presidente, el catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel. Esos enfrentamientos han minado el prestigio de una institución que nació torcida por una dependencia excesiva del Gobierno y por un reparto de cuotas que comprometieron desde el principio su independencia. A estas alturas es difícil reconocer en el Consejo Audiovisual de Andalucía las misiones que le encomendaba su ley de creación: ser una autoridad independiente reguladora de los medios audiovisuales en Andalucía, con el cometido fundamental de velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y el Estatuto, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad. Unas misiones, que, en definitiva, convertían teóricamente al CAA en una pieza fundamental de control democrático en una comunidad autónoma en la que el predominio de lo público en el sector audiovisual, con todo lo que ello conlleva, es apabullante. El Consejo Audiovisual es una institución necesaria, como se ha demostrado, por ejemplo, en Francia. Pero para cumplir su función tiene que estar alejada del juego político, por lo menos en los términos en que lo ha estado hasta ahora en Andalucía. La elección de un nuevo presidente debería ser una buena oportunidad para empezar a reinventar un Consejo que de verdad sea útil a los intereses de Andalucía. Para ello hace falta generosidad por parte de los diferentes grupos políticos. El Consejo Audiovisual que ha funcionado hasta ahora no ha servido y la responsabilidad hay que buscarla tanto en los que diseñaron su puesta en marcha como en los que desde dentro lo han convertido en lo que es hoy.